San Salvador | EFE.-
Una organización de derechos humanos de El Salvador expuso este miércoles a los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el incumplimiento de varios puntos de un fallo sobre desplazamiento forzado emitido en 2018.
La referida sala del Supremo dio en julio de 2018 una sentencia con la que amparó a una familia de 33 personas desplazadas por la violencia generada por las pandillas.
El director de Acompañamiento a Víctimas de la organización Cristosal, Abraham Ábrego, explicó a Efe que en la audiencia de seguimiento expusieron «los aspectos que falta cumplir» del fallo.
Destacó que entre estos puntos se encuentra la «impunidad» en los diferentes crímenes que se cometieron contra esta familia y la falta de un ley de protección para las víctimas del desplazamiento forzado.
Añadió que otro aspecto es la creación y aplicación de protocolos por parte del Ejecutivo para atender a las personas que son obligadas a abandonar sus casas por las pandillas y, en ocasiones, por los cuerpos de seguridad.
De acuerdo con el órgano Judicial, los jueces también recibieron informes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio de Seguridad, la Asamblea Legislativa, y la Comisión Coordinadora del Sector Justicia.
El resto de puntos abordados en la audiencia, solicitada por Cristosal, y el contenido de los informes no se dio a conocer, dado que el caso esta bajo secreto de sumario.
La Sala de lo Constitucional ordenó al Gobierno en el referido fallo recuperar de «forma permanente los territorios bajo control de las pandillas».
También coordinar con los titulares del Ministerio de Seguridad, Policía, Salud, Educación y otras carteras de Estado «la realización de las acciones necesarias para prevenir y controlar el fenómeno de la violencia».
Los jueces determinaron que la actual legislación de protección a víctimas y testigos es «anacrónica, restringida y deficiente» para atender a las víctimas de desplazamiento forzado.
Este recurso de amparo fue presentado en 2017 por una familia de 33 personas, quienes tuvieron que desplazarse de la central localidad de Ciudad Delgado por las amenazas de muerte y acoso por parte de la pandilla Barrio 18 porque 2 de las víctimas eran soldados.
En uno de estos ataques fueron violadas una mujer y una niña de 12 años, por lo que decidieron huir a la oriental localidad de Berlín, donde fueron acosados por los cuerpos de seguridad y la Policía asesinó a la mujer que fue abusada sexualmente.
La Corte Suprema fue el primer órgano de Estado en reconocer oficialmente este fenómeno y, según organizaciones sociales, los órganos Ejecutivo y Legislativo siguen sin dar ese paso.
Las pandillas MS13, Barrio 18 y otras minoritarias poseen más de 600 células en El Salvador y solo en el 24,4 por ciento de los 262 municipios mantienen una «poca presencia», de acuerdo con datos de la Policía obtenidos por Efe.
