San Salvador | EFE.-
Los abogados querellantes en la causa penal por el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980) en El Salvador señalaron este jueves la falta de diligencias «efectivas y contundentes» para investigar y «encontrar la justicia» 43 años después del hecho perpetrado por un francotirador.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador dictó en mayo de 2017 la reapertura de la causa por el homicidio de monseñor Romero y en octubre de 2018 ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una nueva investigación.
No obstante, el abogado Alejandro Díaz, de la organización humanitaria Tutela Legal ‘María Julia Hernández’, denunció durante esta jornada en una conferencia de prensa «la impunidad en el caso judicial».
«En el 2017 se reapertura la causa y han pasado varios años ya y no se han realizado diligencias efectivas y contundentes para encontrar la verdad y para llevar la justicia hasta los responsables del crimen, que sigue en la impunidad a 43 años de perpetrado», apuntó.
El letrado Ovidio Mauricio, también de Tutela Legal, agregó que «el Estado no muestra interés en esclarecer el caso, no investiga, no abre archivos militares ni de inteligencia, sino que continúan perpetuando la impunidad al proteger a los asesinos».
Romero fue asesinado por un francotirador el 24 de marzo de 1980 cuando oficiaba misa en la pequeña capilla del hospital de cáncer La Divina Providencia, en San Salvador.
El santo salvadoreño se pronunciaba contra la violencia y las violaciones a los derechos humanos en los años previos a la guerra civil, con lo que se alzó como un referente en la defensa de los más vulnerables.
El Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU de 1993 señaló como el responsable de dar la orden de asesinar a Romero al mayor Roberto D’Aubuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), partido del que fue diputado y candidato presidencial.
Dicho documento también apunta que en la planificación y ejecución del asesinato participaron el capitán Álvaro Saravia, el capitán Eduardo Ávila, así como Fernando Sagrera y Mario Molina, entre otros.
La anulación de una ley de amnistía de 1993 por una fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 2016 permitió la reapertura de este caso y de los procesos por la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y de 6 sacerdotes jesuitas (1989), ambos con avances lentos y sin resoluciones aún.
Romero fue canonizado en Roma el 14 de octubre de 2018 ante miles de personas, después de que el papa Francisco firmara meses antes un decreto que reconoce el milagro atribuido al religioso.
El santo salvadoreño ya fue beatificado en mayo de 2015 en una multitudinaria misa.
