San Salvador | EFE.-
La joven salvadoreña Evelyn Hernández volverá este lunes a una corte de su país para enfrentar un nuevo juicio por el delito de homicidio agravado cometido, según la Fiscalía, al supuestamente abortar.
La diligencia se llevará a cabo en el Centro Integral de Justicia de la localidad de Ciudad Delgado y está programada para las 08.30 hora local (14.30).
En el juicio, el Tribunal de Sentencia de Cojuteque decidirá si la joven de 21 años es enviada a prisión o es absuelta del delito que se le atribuye.
Elizabeth Deras, una de las abogadas de Hernández, dijo este domingo a Efe que la defensa está «positiva» y consideró «que con la estrategia que presentaremos, el resultado será favorable para Evelyn», quien fue puesta en libertad condicional el pasado febrero.
La letrada espera que la Fiscalía se presente a la diligencia y que «corrija su postura» porque «las pruebas que han presentado no determinan el cometimiento de algún delito».
«La defensa espera que la Fiscalía haya hecho un análisis integral del expediente y de los medios de prueba y desista de la acusación», agregó.
La fecha del nuevo juicio ha sido cambiada en cuatro ocasiones por diversos motivos, lo que, de acuerdo con diversas organizaciones que luchan para la despenalización del aborto en el país, es una «grave» violación a los derechos humanos de la joven.
Hernández, una joven de escasos recursos que reside en una zona rural del país centroamericano, fue condenada en julio de 2017 a 30 años de cárcel por el delito de homicidio agravado, pero en diciembre de 2018 la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló el fallo emitido por el Tribunal de Sentencia de Cojuteque y ratificado por la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador.
Ante esto, dicha cámara ordenó al juzgado de sentencia que se celebrara un nuevo juicio contra la mujer, quien, según sus abogados, sufrió un parto «extrahospitalario» el 6 de abril del 2016.
En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias y tipificado como homicidio agravado, cuya pena de cárcel es de 30 años.
Desde 2009, la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto ha logrado que 28 mujeres, acusadas de aborto, recobraran su libertad. Uno de los casos más emblemáticos es el de Teodora del Carmen Vásquez, quien fue condenada a 30 años de prisión por un aborto que no fue probado.
