Tegucigalpa | EFE.-
La Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción de Honduras revocó este viernes las medidas sustitutivas de prisión falladas a favor de diez exdirectivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Según la resolución, la Corte de Apelaciones dictó prisión preventiva y auto de formal procesamiento contra Samuel Benjamín Bográn, Óscar Arnaldo Carranza, Fabricio Valentín Vásquez, José Humberto Lara, José Manuel Espinal, José Hilario Espinoza, Óscar Manuel Galeano y Luis Alonso Mayorga.
Asimismo, impuso arresto domiciliario a Leonardo Villeda y Armando Villatoro, por problemas de salud, afirmó a periodistas el portavoz del poder Judicial en Tegucigalpa, Carlos Silva.
También son acusados por el mismo caso los exviceministros hondureños Carlos Montes Rodríguez y Javier Pastor, quienes están detenidos por otros delitos.
Todos los exdirectivos del Seguro Social son acusados por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y fraude en perjuicio de la administración pública.
Silva indicó que la defensa de los acusados tiene 24 horas para decidir si presentará un recurso de reposición, el que tendrá que conocer la Corte Suprema de Justicia.
Según la investigación, en abril de 2011 los exdirectivos del Seguro Social aprobaron una licitación internacional para la adquisición, reparación y mantenimiento de equipos médicos y adjudicaron un contrato a la empresa Distribuidora Metropolitana (Dimesa) por 95,2 millones de dólares.
El caso, denominado «Licitación Fraudulenta del Seguro Social», fue indagado por la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad, que depende del Ministerio Público, y expertos de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Los acusados adquirieron «equipos médicos sobrevalorados en un 114 por ciento del valor del mercado y adquirieron contratos que obligan al Instituto de Seguridad Social a pagar mensualmente el mantenimiento del equipo, a pesar que varios de estos equipos médicos aún se encuentran en bodegas sin ser utilizados», señala la denuncia.
El equipo investigador estableció que ese contrato con Dimesa no debió aprobarse porque «no existió un estudio que permitiera establecer el equipo a adquirir atendiendo las necesidades de la institución».
En junio de 2012, los mismos directivos aprobaron «la ampliación y modificación» del contrato a la empresa Dimesa por más de 23,6 millones de dólares y para garantizar el pago se constituyeron dos fideicomisos administrados por el Banco Central de Honduras, de acuerdo con la investigación.
Las autoridades de Honduras investigan también el desfalco al Seguro Social, descubierto en 2014, que salpica a los últimos tres gobiernos, a empresarios, políticos, periodistas y modelos, y ha provocado el encarcelamiento de su último director, Mario Zelaya, quien está en prisión en Tegucigalpa junto con dos exviceministros y otras cinco personas.
