Las políticas fiscales se han situado como una herramienta clave para limitar y mitigar los impactos de la crisis provocada por la COVID-19 en todo el mundo y en todas las dimensiones del desarrollo.
En Centroamérica, la mayoría de los Gobiernos están discutiendo o han puesto en marcha acciones de corto plazo tales como moratorias en el pago de impuestos, servicios y créditos; líneas de crédito para apoyar a las MIPYMES y grandes empresas, aumento en los recursos destinados al subsistema público de salud, e impulsando programas de asistencia social, como el ingreso básico garantizado temporal, los seguros de desempleo y los programas de dotación de alimentos a gran escala. En materia fiscal, se han suspendido reglas fiscales, se ha aumentado el presupuesto público en 11 mil millones de dólares a nivel regional, y se negocia con organismos multilaterales el acceso a financiación externa que compense la caída de la recaudación.
“Las medidas tomadas por los Gobiernos han sido enfocadas a paliar el impacto económico y social de la pandemia. Se ha buscado flexibilizar el pago de impuestos en 7 de 8 países de la región SICA. Es fundamental proteger a la población más vulnerable y al tejido empresarial, que serán clave en la recuperación post pandemia”, detalló Alfredo Suárez Mieses, Secretario General de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA).
Ante esta situación “Es de esperar una agudización de las desigualdades, tanto a nivel de individuos, familias, empresas y a nivel de países. La cantidad de recursos que cada país tiene va a influenciar de manera contundente la forma en la que se puedan tomar las medidas de respuesta a la crisis”, expresó Alberto Menghini, Jefe de equipo de cooperación regional, Delegación de la Unión Europea en Nicaragua.
Y es que “El impacto de la deuda en diferentes escenarios es muy incierto, no podemos hacer estimaciones contundentes en cuanto a impactos económicos, pero si podemos simular escenarios. Necesitamos hoy más que nunca presupuestos enfocados, con transparencia y rendición de cuentas. Se requieren esfuerzos de los Gobiernos para hacer presupuestos más eficientes”, agregó Martin Portillo, Secretario Ejecutivo de la SE-COSEFIN.
No obstante, el alcance de esta crisis no parece circunscribirse al corto plazo. Tanto Europa como América Latina, ya enfrentaban importantes presiones fiscales para sostener y desarrollar sus Estados de bienestar. La crisis de la COVID-19 ha evidenciado y profundizado estas problemáticas.
Alain Cuenca, Director del Instituto de Estudios Fiscales – IEF de España, profundizó desde el contexto europeo, resaltando la importancia de hacer políticas de medio plazo para recuperar la economía, coordinar y tomar decisiones sobre impuestos, aumentar o crear nuevos impuestos, ya sea de manera descentralizada. “Tendrán que tomarse decisiones coordinadas y colectivas, para afrontar esta crisis desde distintos órganos del poder y desde distintas voluntades políticas, para construir un tronco en común de políticas sociales y tributarias”, añadió.
“Cambiar el pacto fiscal, es una batalla de largo plazo y de información. Un elemento importante de la evaluación de las exoneraciones fiscales es que se proporcione información a la ciudadanía, para que los investigadores puedan medir, no solo tenemos que medir las administraciones fiscales, tenemos que poner datos a disposición de la sociedad, para que la sociedad pueda ver por si misma lo que está pasando”, señaló Cuenca.
En este sentido, como señala la OCDE (2020), la crisis es una oportunidad para abordar algunos de los retos pendientes en materia de políticas redistributivas, que permitan fortalecer los sistemas de protección social, ampliar la cobertura de la salud pública, reforzar y ampliar los sistemas de recaudación tributaria, y, en definitiva, poner en marcha estrategias de desarrollo inclusivo.
“Nunca nos imaginamos un riesgo fiscal vinculado a una pandemia y a una crisis de vulnerabilidad de la protección social de las personas más necesitadas. Esto impone nuevos retos regionales y de respuestas regionales”, opinó María Dolores Almeida, Ex-Viceministra de Finanzas de Ecuador y consultora de EUROsociAL+.
Según el BID, el costo de la crisis será en promedio de un 4% del PIB incluyendo los gastos como los créditos a empresas, agregó Rosa Cañete Alonso, Economista-especialista en desigualdad. “El 50% de la población de América Latina tiene ingresos bastantes bajos, en un mes de confinamiento no tendrá ingresos para alimentarse”, detalló.
“Tanto los Gobiernos como los congresos están muy mediados por intereses particulares. El 79 % de la población en promedio cree que sus gobiernos gobiernan para un grupo de poderosos y no para la población más pobre del país. Es muy difícil generar políticas tributarias de distribución cuando no hay confianza. Se vuelve necesario y urgente, reconstruir el contrato social, hacer valer lo público y romper esa influencia de los intereses particulares, tanto de la élite económica como de la élite política”, comentó.
En definitiva, desde distintos ámbitos se constata la necesidad de una mayor presencia de lo público, que permita complementar y completar aquellas tareas y funciones que no alcanza a cumplir el sector privado. En este sentido, la crisis de la COVID-19 parece el momento indicado para redimensionar el papel de lo público en el plano sanitario, de la protección social y de la reactivación económica, y, por tanto, el papel de las políticas fiscales como palanca que movilice los recursos necesarios para alcanzar estos objetivos.
En este contexto, Martín Portillo, Secretario Ejecutivo de la SE-COSEFIN, expuso que, a nivel regional, hay una desigualdad en la asignación de recursos al sector sanitario, que ahora más que nunca es evidente; y que diferencia la respuesta ante la crisis de unos países con otros. Aclaró que en la mayoría de todos los países el presupuesto en el sector salud es alto, la pregunta es si están siendo asignados efectivamente esos recursos públicos en una efectiva red sanitaria.
El Secretario Portillo hizo un llamado a discutir cómo se asignan los subsidios y las exoneraciones, pues son recursos que incrementan el gasto tributario de los Gobiernos, recursos con los que no se cuentan pero que son muy necesarios y que están siendo canalizados a sectores que no lo necesitan.
“Es importante lograr una estimación del gasto tributario, monitorear de forma permanente el gasto público, es decir, cuánto es a lo que el Estado renuncia cuando otorga exoneraciones”, abonó Margarita Faral, Directora de la Dirección General Impositiva de Uruguay.
Por último, no se puede esperar que los sectores públicos de los países en desarrollo carguen con el peso de estas repuestas fiscales. Las limitadas capacidades de generación de recursos, así como las crecientes presiones macroeconómicas, obligan a repensar el rol de la cooperación internacional y buena parte de su instrumental y criterios de apoyo a estos países.
A lo que María Dolores Almeida, Ex-Viceministra de Finanzas de Ecuador y consultora de EUROsociAL+, abonó que es “necesario, el apoyo de los Organismos Internacionales para ir viendo cómo podemos re-perfilar los perfiles de deuda para afrontar estos casos y el acceso a líneas de financiamiento; así como, generar buena gobernanza fiscal porque es la única forma de que, ante esta crisis, los costos sociales se repartan equitativamente en diferentes sectores de la sociedad”
A grandes rasgos, todos los países han desplegado herramientas fiscales similares. No obstante, la velocidad y gravedad del impacto de la COVID-19 en cada región, así como el espacio fiscal disponible en cada país, han determinado en gran medida la variedad, el alcance y la profundidad de las distintas propuestas fiscales.
La atención de los sistemas públicos de salud ha sido el principal dique de contención frente a la crisis sanitaria, mientras que, la acción pública fiscal ha permitido atenuar los impactos económicos y sociales.
La pregunta es ¿Qué sería necesario cambiar para transitar hacia el desarrollo sostenible en América Latina y en la Unión Europea?
A lo que Juan Manuel Santomé, Director del Programa EUROsociAL+, concluyó que “es necesario el consenso de la estructura tributaria a través de reformas, nuevos impuestos, reforzar la lucha contra la evasión fiscal internacional. La cooperación internacional es clave al igual que desarrollar líneas de compensación nacional y potenciar los procesos de integración regional”
“Hay que hacer un análisis claro de quien gana y quien pierde con las medidas, es clave pelear con enfoque de género. Enfrentamos muchos retos compartidos tanto en Europa como en América Latina, espero que aprendamos y salgamos con sociedades más resilientes encaminadas a un desarrollo inclusivo que no deje a nadie atrás, como reza la Agenda 2030”, agregó.
Ester es el primer intercambio del ciclo de webinarios “Políticas fiscales frente al impacto económico y social de la COVID-19”, que realiza la SISCA y EUROsociAL+ con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (SE-COSEFIN), que tiene como objetivo reflexionar sobre las respuestas de medio plazo, y sobre el papel que deben jugar el Estado y las políticas fiscales para asegurar niveles aceptables de cobertura sanitaria, sostenimiento de las rentas y protección social en la fase de recuperación después de la pandemia.
