CARACAS | Reuters.-
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el domingo que no retornará a México a una mesa de diálogo con la oposición hasta que se revuelva «el secuestro» de un empresario aliado que fue extraditado a Estados Unidos.
El gobierno de Maduro se retiró el mes pasado de las conversaciones que se desarrollaban desde agosto en México, bajo la facilitación de Noruega, debido a la extradición de Alex Saab, un empresario de origen colombiano acusado de lavado de dinero por fiscales en Miami.
Saab, de 49 años, fue extraditado en octubre desde Cabo Verde, donde fue arrestado en 2020 cuando su avión se detuvo para repostar. Tras la detención, el gobierno venezolano dijo que le había otorgado la ciudadanía a Saab y lo había nombrado diplomático para negociar los envíos de combustible y ayuda humanitaria de Irán.
«No hay condiciones para instalarlo todavía (el diálogo en México con la oposición)», dijo Maduro a periodistas tras votar en las elecciones regionales del domingo. «Porque tienen que responder por ese secuestro», refirió. El gobierno venezolano objeta la extradición de Saab debido a su condición de diplomático.
Fue «el gobierno de Estados Unidos quien le clavó una puñalada por la espalda al diálogo (entre el gobierno y la oposición)», agregó Maduro.
Los fiscales estadounidense dicen que Saab desvió alrededor de 350 millones de dólares de Venezuela a través de Estados Unidos como parte de un esquema de sobornos vinculado al tipo de cambio controlado por el gobierno del país sudamericano.
Los aliados de Maduro han señalado que los cargos contra Saab se enmarcan en una «guerra económica» que el gobierno de Estados Unidos está librando contra Venezuela.
La oposición, respaldada por Estados Unidos y que ha pedido a Maduro que reanude las conversaciones, ha dicho que Saab se enriqueció gracias a los acuerdos comerciales que pactó con el gobierno y no hizo nada para aliviar el sufrimiento de los ciudadanos de Venezuela.
Saab se declaró no culpable de conspirar para lavar dinero, según un documento judicial presentado el 15 de noviembre, en un caso que ha tensado más las ya deterioradas relaciones entre Washington y Caracas.
