Por Edgar CALDERON AFP.-
La persecución contra la candidatura presidencial de la exfiscal Thelma Aldana, es una evidencia de la resistencia que hay en un poderoso sector de Guatemala a los pocos avances en la lucha contra la impunidad de su país, según analistas.
Aldama, una abanderada de la lucha anticorrupción, denunció hace unos días su temor a ser asesinada por «mafias guatemaltecas» tras haberse trasladado a El Salvador. La exfiscal salió de Guatemala en medio de su campaña electoral y tras una orden de captura en su contra.
A ello se suma la reciente propuesta para una reforma de ley en el Congreso que busca amnistíar crímenes de guerra que sucedieron entre 1960-1996, así como la guerra emprendida por el presidente Jimmy Morales contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU que libró una histórica lucha contra la corrupción, con Aldana como aliada.
Detrás de las amenazas a Aldana y el proyecto de amnistía está un grupo que «gravita para reconfigurarse y reactivarse para tener el control que ha perdido. Es un grupo proimpunidad y procorrupción», consideró el politólogo y académico, Renzo Rosal.
El analista señaló que «el objetivo de estos actores, que fueron puestos al desnudo en los casos que puso sobre la mesa la Cicig, es retomar las riendas» del país.
Rosal sostiene que ese mismo sector, integrado por militares, empresarios, políticos vinculados a actos corruptos y crimen organizado, busca «sacar de la jugada a políticos que puedan afectar o amenazar sus intereses».
Aldana, quien encarceló a un expresidente por corrupción, ahora enfrenta acusaciones de sus detractores de contratar a una persona supuestamente de forma ficticia en su gestión, lo que motivó la orden de captura en su contra.
La querella mantiene en el limbo su inscripción para competir por la presidencia en los comicios del 16 de junio.
La exfiscal (2014-2018) saltó a la palestra en abril de 2015 cuando, junto a la Cicig, develaron una estructura que cobraba sobornos a empresarios en las aduanas para evadir impuestos.
Figura anticorrupción
El supuesto cabecilla de la estructura, el expresidente Otto Pérez (2012-2015), renunció a su cargo cuatro meses antes que concluyera su mandato, y actualmente guarda prisión preventiva en espera de un juicio.
Aldana, postulada por el pequeño partido de centroizquierda Semilla, aparece en segundo lugar en la intención del voto en encuestas privadas, detrás de la exprimera dama socialdemócrata Sandra Torres.
Paralelamente, hay preocupación en activistas y organizaciones internacionales por el avance en el Congreso por una reforma de ley que daría amnistía a los sentenciados por delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado (1960-1996).
Rosal afirmó que la estrategia inició desde el 2016 con la llegada al poder del actual presidente Morales, y que uno de los «supuestos éxitos» de ese grupo fue impedir en agosto pasado el regreso al país del jefe de la Cicig, el colombiano Iván Velásquez.
La fiscalía y la Cicig en 2017 solicitaron retirar los fueros de Morales para investigarlo por sospechas de financiamiento ilícito en el partido que lo llevó al poder, el derechista FCN-Nación.
Edie Cux, coordinador de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, coincidió con Rosal en que las presiones contra la Cicig vienen del mismo grupo que impulsa la impunidad en el país.
Asimismo, Cux señaló a la AFP que el gobierno de Morales «ha sido una debacle en el tema de la transparencia», en alusión al lema del presidente en su campaña electoral en 2015: «ni corrupto ni ladrón».
Ley aberrante
Para Cux la propuesta de reformar la ley de Reconciliación Nacional de 1996 para dar amnistía a los autores de delitos cometidos durante la pasada guerra civil es «aberrante».
«Es un grave retroceso para este gobierno y puede provocar un ruptura de la justicia transicional», lamentó.
Esa iniciativa cerraría los procesos en que miles de guatemaltecos buscan justicia, dijo por su lado a la AFP, el director del humanitario Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Mario Polanco.
La guerra guatemalteca dejó 200.000 muertos o desparecidos, según la ONU.
La reforma, que está pendiente de la tercera y última lectura para ser aprobada en el Congreso, ha sido rechazada por familiares de víctimas de la guerra y organizaciones internacionales como la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Eurocámara y la Unión Europea (UE).
La Ley de Reconciliación Nacional, aprobada tras el fin de la guerra en 1996, otorgó amnistía a militares y guerrilleros, pero dejó fuera los delitos de lesa humanidad como genocidio, tortura y desaparición forzada.
