Guatemala | EFE.-
El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, denunció este viernes que el trabajo de la prensa en el país centroamericano sigue siendo «una profesión de riesgo» que se refleja en las denuncias y el ambiente de «hostilidad».
Con motivo de la conmemoración del Día de la Libertad de Prensa, que se celebra cada 3 de mayo, el magistrado de conciencia exhortó al Estado a «implementar acciones» que protejan la integridad de los periodistas y fomenten la libertad de prensa, y reiteró su petición de implementar un programa de protección para los profesionales del sector, tal y como recomendó el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2008.
La libertad de prensa, explicó Rodas, es un elemento importante «para el ejercicio efectivo de la libertad de expresión» y es un «instrumento significativo para el funcionamiento de la democracia», que además propicia que los ciudadanos «disfruten su derecho a recibir, difundir y buscar información».
En este sentido, el artículo 35 de la Constitución de Guatemala señala que es «libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin censura ni licencia previa» y que «este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o por disposición gubernamental alguna».
El procurador recordó que en 2018, según recogió en su informe anual, la situación de los periodistas y comunicadores «no presentó mejoras» debido «al riesgo que enfrentan al realizar trabajos de investigación», exponiendo casos de corrupción en el sector público, la delincuencia organizada o el lavado de dinero.
En ese año, la Procuraduría recibió 24 denuncias y en los primeros cuatro meses de 2019 reporta un total de 12, lo que a su juicio «refleja el ambiente de hostilidad».
El informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2018, al referirse a Guatemala, destacaba el contexto de «violencia» contra los periodistas, caracterizado por «asesinatos, amenazas y un discurso que busca estigmatizar a los medios y periodistas comprometidos con el combate a la corrupción y el abuso de poder».
Sumado a ello, recordó la Procuraduría, la Comisión aseguró que persistían «problemas estructurales» que impiden a los ciudadanos recibir información diversa, como el control en la radio y la televisión abierta, así como «obstáculos» para el acceso de los medios comunitarios de los pueblos indígenas al espectro radioeléctrico a recursos públicos para lograr su sustentabilidad.
