Bogotá | EFE.-
El ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, asegura que «Colombia no es un país peligroso para defender la naturaleza», aunque sigue a la cabeza de la triste lista de líderes ambientales asesinados, mientras que se muestra «feliz» por el trabajo realizado a pocos meses de entregar el cargo.
«No es peligroso defender el medio ambiente en Colombia. Todo lo contrario», explica Correa en una entrevista con Efe, para precisar que «cada caso (de muertes de líderes ambientales) que se ha presentado es un caso totalmente diferente».
Por esto insiste en que «no se puede generalizar que defender el medio ambiente en Colombia es riesgoso», a lo que agregó que es necesario que el Congreso ratifique, en el que será el segundo intento, el Acuerdo de Escazú.
Este es considerado el primer tratado multilateral en América Latina y el Caribe sobre asuntos ambientales que tiene un componente importante de protección de los líderes ambientales.
Los últimos datos de la organización Global Witness sitúan a Colombia como el país más letal para defender el medioambiente por segundo año consecutivo.
Solo en 2020, 65 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas en Colombia.
En cuanto a la agenda ambiental, de cambio climático y diversidad impulsada por el Gobierno para afrontar la triple crisis que enfrenta el planeta, Colombia «está mostrando un liderazgo muy importante, no solamente regional sino a nivel global», celebró.
Correa también defendió que «el medioambiente no puede tener banderas ni colores políticos», algo que «ha demostrado este Gobierno», en su opinión.
«Los temas de cambio climático y de medio ambiente son de interés global», insistió Correa al recordar que Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y pedir que las tres crisis que amenazan al planeta estén en la agenda electoral que vive el país andino ante la inminente renovación del Gobierno.
ACIERTOS Y RETOS
La pandemia de covid-19 no ha permitido «estar en el territorio por casi año y medio», pero el Gobierno ha apostado por crear políticas públicas e implementarlas, especialmente en los últimos doce meses en los que las restricciones se redujeron.
Uno de los grandes aciertos de este Gobierno, agregó Correa, ha sido la prohibición de la pesca de tiburón, «que apunta a ese objetivo de reducir la pérdida de biodiversidad», así como la aprobación de una Política Nacional de Áreas Protegidas y un decreto «muy importante» de no maderables, que busca frenar la deforestación y ayudar a las comunidades a hacer un uso sostenible del bosque.
Por último, el ministro dijo que la cúspide de estos cuatro años en materia ambiental llegó con la aprobación de la Ley de Acción Climática, un «hito histórico para el país» que estipula como delito la deforestación, que ahora tiene penas de entre cinco y quince años de cárcel; la pesca ilegal, y el comercio ilegal de fauna.
Las políticas ambientales «no quedan solo como un programa de gobierno de cuatro años, sino una hoja de ruta de Colombia hacia los próximos 30 años», asegura el ministro, que a pocos meses de dejar su cargo celebra que deja el sector ambiental «organizado, con unas líneas claras en el largo plazo y en un proceso de transformación tecnológica muy importante».
Por otra parte, Correa considera que su sucesor en el cargo tras las elecciones presidenciales tendrá el reto de aplicar la Ley de Acción Climática, así como «la implementación y la buena gestión de las áreas protegidas» que pretenden llegar a un 30 % del territorio terrestre y marítimo.
La siempre presente lucha contra la deforestación, la restauración de hectáreas para el 2030 y la protección de los océanos también marcarán las líneas de la próxima gestión ambiental, con otro «reto muy importante: madurar el mercado de carbono, no solamente el voluntario, sino también el mercado regulado».
OPERACIÓN ARTEMISA
Con relación a la Operación Artemisa, que ha recibido fuertes críticas por considerarse una militarización de la conservación del medioambiente, Correa defendió que es «una campaña importante de Defensa Nacional, con las fuerzas militares y la Policía, así como con la Fiscalía para poder llegar al territorio y tener control sobre todo de las actividades ilícitas que impactan en la deforestación».
Correa enumeró la minería ilegal, los cultivos ilícitos y la expansión de la frontera agrícola como actividades estrechamente relacionadas con la deforestación, que año tras año acaba con millones de hectáreas de tierra.
Este desafío cuenta con una particularidad, según Correa, que es el narcotráfico como una de sus principales causas.
El narcotráfico «financia la minería ilegal, el acaparamiento de tierras y hace lavado de activos y de dinero a través de ganadería ilegal».
«Cada litro cada galón de gasolina, de ácidos, de químicos que usan para preparar y procesar cocaína está afectando el medio ambiente. El mercurio para la minería ilegal está afectando el medio», lamenta.
Todo esto, continua Correa, «es un tema de Defensa Nacional» y por lo tanto se tienen que encargar las fuerzas militares, ya que «a pesar de que Colombia solo tiene el 6 % de toda la Amazonía, esta representa el 34 % del territorio nacional y hay que protegerlo y hay que cuidarlo».
