San Salvador | EFE.-
Más de 1.200 menores de edad fueron detenidos en El Salvador en lo que va del 2019, de los que más de 900 supuestamente son miembros de las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias.
El Ejecutivo de Nayib Bukele informó este sábado de que entre el 1 de junio, cuando asumió el poder, y el 9 de agosto fueron detenidas 8.339 personas, de las que 379 eran menores de edad.
Estos adolescentes detenidos se suman a los 849 menores privados de libertad entre enero y mayo pasados, cuando gobernaba el izquierdista Salvador Sánchez Cerén.
Las cifras de la Policía Nacional Civil (PNC) estiman que al menos 908 de estos menores de edad pertenecen a las pandillas, principalmente a la MS13 y Barrio 18 con 401 y 208 casos, respectivamente.
El resto están perfilados como pandilleros pero se desconoce la estructura criminal a la que pertenecen o son miembros de un grupo minoritario.
Los menores de edad entre 12 y 14 años fueron detenidos principalmente por los delitos de amenazas, resistencia, extorsión, generar desplazamientos forzados y posesión de drogas.
Por su parte, lo adolescentes entre 15 y 17 años de edad son señalados mayoritariamente de homicidio, agrupaciones ilícitas, amenazas, extorsión, desplazamiento forzado, organizaciones terroristas y posesión de drogas.
El Gobierno de Bukele implementa desde el 20 de junio un plan para tratar de recuperar los territorios controlados por las «maras» y disputarles el reclutamiento de los jóvenes.
Un estudio presentado por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador en marzo de 2017 señala que el 62,4 % de los jóvenes que se ha unido a las pandillas o «maras» en este país lo hicieron por «ocio» o «amistad».
Según las autoridades de seguridad salvadoreñas, las pandillas reclutan a menores de edad, algunos bajo amenaza de muerte, para labores de vigilancia en sus zonas de control, cobro de extorsiones y sicariato.
Esto ha llevado al Congreso, a petición del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (Arena), a estudiar la posibilidad de juzgar a menores de edad como adultos, iniciativa que podría llevar al país incluso a renunciar a tratados internacionales de protección de la infancia.
