Quito | EFE.-
El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, convocó para mañana, domingo, a una reunión a la fiscal general, Diana Salazar, y a los jefes de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y de la Judicatura para analizar unas últimas polémicas decisiones de jueces relacionadas con el clima de inseguridad que afecta al país.
Lasso, a través de un comunicado oficial, convocó a la fiscal Salazar; al presidente de la CNJ, Iván Saquicela; y de la Judicatura, Fausto Murillo, a una primera reunión de diálogo para la mañana de este domingo en la Gobernación (representación del Ejecutivo) de la provincia de Guayas, en la ciudad costera de Guayaquil (suroeste).
«En los últimos días hemos presenciado decisiones judiciales que indignan a la ciudadanía, donde han quedado plasmados abusos de jueces que juegan a favor de criminales, que ocasionan el desmantelamiento de las instituciones que deberían proteger a los ciudadanos no a los delincuentes», aseguró Lasso en su convocatoria.
Además, manifestó su «profunda preocupación ante esta situación» y, por ello, convocó públicamente a los jefes de las tres instituciones judiciales a «un diálogo urgente para encontrar soluciones y propuestas que permitan defender el Estado de Derecho de estos abusos».
Todo ello «con irrestricto apego y respeto a la independencia de funciones consagrado por la Constitución» de la República, aclaró el jefe del Estado.
La convocatoria del mandatario sucede a la polémica levantada por el otorgamiento en días anteriores de un recurso de hábeas corpus en favor del expresidente Jorge Glass, condenado a 8 años de prisión por casos de corrupción y que tras el beneficio fue confinado a arresto domiciliario.
Glas, que fue vicepresidente en el Gobierno del progresista Rafael Correa (2007-2017), salió de una cárcel de la ciudad andina de Latacunga por la orden judicial, pese a que las autoridades del Gobierno rechazaron el otorgamiento de dicho beneficio.
Además, en un caso similar, un juez aprobó un recurso de hábeas corpus en favor de un ciudadano identificado como «JR», y al que las autoridades acusan de ser uno de los máximos líderes de una banda criminal conocida como «Los Choneros».
Con el mismo recurso fue beneficiado un extranjero requerido en extradición por su país, bajo cargos de narcotráfico.
Esas decisiones han sido ampliamente cuestionadas en los medios de comunicación, que también han replicado las polémicas acciones relacionadas con organizaciones ilegales dedicadas a la captación ilegal de dinero del público (piramidación financiera), que ha salpicado a policías y militares.
Asimismo, el ambiente de inseguridad que vive el país explotó cuando hace algunos días un ciudadano fue asesinado por ladrones en presencia de su pequeño nieto en la ciudad andina de Ibarra (norte), donde también se produjo un intento de linchamiento contra un sujeto identificado como policía, que habría asesinado a su hijo pequeño por un supuesto problema con el pago de pensiones alimenticias.
El último escándalo sobre la seguridad ciudadana se produjo anoche, cuando el futbolista Gabriel Cortez, uno de los máximos goleadores del popular club Barcelona de Guayaquil, recibió una orden de prisión preventiva (con fines de investigación) por su presunta relación con una banda criminal que opera en la provincia costera de Esmeraldas (noroeste), fronteriza con Colombia.
