Guatemala | EFE.-
María tiene cuatro años y a mediodía ha vuelto a comer tortillas con sal. Solo con sal. Esta es una muestra de la tragedia que supone la desnutrición crónica infantil en Guatemala. Una lacra que afecta a 1 de cada 2 niños menores de cinco años.
Así lo ha vuelto a recordar esta semana un nuevo informe, «La Desnutrición crónica infantil en Guatemala: una tragedia que el debate político no debe evadir», elaborado conjuntamente por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Oxfam y la Embajada de Suecia en Guatemala.
El objetivo de este documento, que analiza la realidad social y técnica de este problema, es dar material práctico con sustento técnico sólido a los dos finalistas de la elección presidencial, la socialdemócrata Sandra Torres y el candidato de centroderecha Alejandro Giammattei, y a los 160 ciudadanos que integrarán la próxima legislatura (2020-2024).
LOS DATOS SON LOS QUE SON
En términos generales, la desnutrición crónica en menores de 5 años disminuyó de un 49,8 % en el periodo 2008-2009 a un 46,5 % en 2014-2015, mientras que la incidencia de la desnutrición crónica severa pasó de un 21,2 % a un 16,6 % en el mismo período.
Pero este descenso es «demasiado lento» y provoca que en la actualidad, según las estimaciones de este documento, se calcule que hay unos 890.000 menores de 5 años padeciendo desnutrición crónica en Guatemala, con un aumento del 6,7 % de incidencia en siete municipios del Corredor Seco, una de las áreas más afectadas por la crisis climática.
La situación es peor en las comunidades rurales e indígenas, donde los índices son aún más elevados y donde la desigualdad se ceba con ellos: son las poblaciones más pobres las que padecen más desnutrición infantil.
Ya lo decía un informe de Unicef el año pasado. De los 7 millones niños y adolescentes menores de 17 años que hay en el país, unos tres millones se identifican como indígenas y la mayoría de ellos están en condiciones de desventaja.
Las desigualdades en la niñez indígena son recurrentes durante todo su ciclo de vida y en todos los ámbitos, incluso desde antes de nacer. Ocho de cada diez viven en situación de pobreza y el 60 % de los menores de cinco años tienen desnutrición crónica, en comparación con el 35 % que afecta a la población mestiza.
Las tasas de escolaridad, en las que también influye la hambruna, en todos los niveles son siempre inferiores. De cada diez niñas y adolescentes indígenas, sOlo seis terminan la primaria, dos la secundaria y una accede a la universidad.
Y esto se debe, entre otros factores, a la poca distribución de la riqueza y la baja inversión del Estado: un dólar por cada niño, 30 centavos si es indígena.
LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS
Al analizar la acción del Gobierno durante los últimos 15 años, el informe concluye que las medidas y políticas adoptadas han sido «insuficientes». Desde el programa «Creciendo Bien» de 2004 hasta el de «Crecer Sano» de 2019 la problemática se ha mantenido cercenando los derechos de los más pequeños.
Una baja talla, daños estructurales en el cerebro, una reducida tasa de escolaridad o el incremento de las posibilidades de perder cursos son algunos de los efectos palpables en el día a día.
El gasto público en Seguridad Alimentaria y Nutricional no ha sido una prioridad en los últimos años: cayó de su máximo histórico en el año 2010, el 1,78 % del PIB, al 0,94 % en 2016. Y aunque se revirtió en los últimos años, hasta volver a subir al 1,49 % para este curso, la «ineficiencia y dificultad» del Gobierno para ejecutarlo de manera transparente «apuntan a un nivel menor».
De hecho, Oxfam y el Instituto Nacional de Salud Pública de México han calificado de «inefectiva» la Estrategia Nacional para la Reducción de la Desnutrición Crónica del Gobierno del presidente Jimmy Morales.
FUTURO DESALENTADOR
Aunque la conciencia sobre esta problemática ha aumentado, resulta «desalentador» que ninguna de las medidas políticas presentadas por los candidatos a dirigir el país tenga sustento técnico: sin metas, sin detallar costes y sin saber cómo conseguirán la financiación para su implementación. Es por ello que las califican de «poco creíbles» y «peligrosamente cercanas a la demagogia».
Es por ello que el documento propone una serie de medidas a tener en cuenta por el futuro Gobierno. Entre este pliego de propuestas está un mayor compromiso tanto de las próximas autoridades como de los diputados de la siguiente legislatura, expresando su apoyo al Frente Parlamentario Contra el Hambre.
También piden al futuro presidente crear una política pública para erradicar la desnutrición crónica, en la que tengan cabida todos los sectores de la sociedad, transparentar el gasto público o establecer como prioridad «revisar, fortalecer y, si es el caso, recuperar la institucionalidad estatal con mandatos, facultades y responsabilidades» en materia de seguridad alimentaria nutricional.
Y el fortalecimiento de los programas pasa por un aumento del gasto público. En este sentido, establece como primera meta para 2020 alcanzar y superar un Gasto Público en Seguridad Alimentaria y Nutricional del 1,78 % del PIB ejecutado en 2010, el máximo histórico reciente.
UNA GENERACIÓN SIN LÍMITES. AHORA O NUNCA
Al ritmo actual Guatemala necesitaría hasta 90 años para alcanzar la tasa de desnutrición crónica infantil de 14 % que tuvo El Salvador en 2014.
El Quinto Informe Estado de la Región, presentado en 2016, decía que en las próximas décadas Centroamérica tendrá el porcentaje de población en edad productiva más elevado de su historia, el conocido como bono demográfico, y esta es una «oportunidad única» para que la región impulse el crecimiento económico y social logrando el ansiado desarrollo.
Este bono demográfico, en el que la población activa crece de manera sostenida y con mayor rapidez que las personas dependientes, se prolongará hasta 2020 en Costa Rica y Panamá, 2030 en El Salvador, 2035 en Belice, Honduras y Nicaragua y 2050 en Guatemala.
