Tegucigalpa | EFE.-
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó este viernes su preocupación por las amenazas de muerte dirigidas a la periodista hondureña Sandra Maribel Sánchez y pidió a las autoridades investigar el caso.
La OACNUDH instó a las autoridades a «desarrollar una investigación exhaustiva» sobre el hecho y manifestó «su apoyo y solidaridad» con la periodista y defensora de derechos humanos.
Sánchez, de Radio Progreso, medio dirigido por la Compañía de Jesús, denuncio este viernes que fue objeto de una amenaza de muerte por parte de un hombre que le «puso una pistola en la cabeza» cuando ella llegaba a su casa, en el extremo sur de Tegucigalpa.
El hecho se registró el jueves hacia las 17.30 hora local (23.30 GMT), cuando Sánchez se bajaba de su vehículo para dejar su «computadora, teléfonos celulares y otras herramientas» que utiliza para su trabajo, porque luego tenía que salir por otros asuntos, relató la periodista a Efe.
Al bajarse del auto, Sánchez se reclinó sobre el asiento para sacar su mochila y cuando se incorporó sintió que chocaba con un objeto en su cabeza. «Cuando me di vuelta, era un hombre que estaba apuntándome con un arma, que creo era nueve milímetros», enfatizó.
Sánchez dijo que no le vio el rostro al hombre, pero no cree que la amenaza haya sido para robarle, porque no se llevó nada.
La periodista afirma que no puede precisar de quién viene «la amenaza», pero cree que podría obedecer a su posición «crítica» a los tres poderes del Estado de Honduras y a la Secretaría de Seguridad.
Tras el hecho, la OACNUDH exhortó al Ministerio Público de Honduras a «abordar» la impunidad de los ataques contra defensores de derechos humanos y «adoptar medidas enérgicas, como la elaboración de protocolos específicos para la investigación de este tipo de delitos».
Agregó que el Estado de Honduras tiene «la obligación de crear un entorno seguro y libre para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos».
Al menos 79 periodistas hondureños han perdido la vida desde 2001 en atentados que posiblemente están relacionados con su trabajo y el 92 % de esos crímenes está en la impunidad, según datos del Comisionado de los Derechos Humanos.
