Guatemala | EFE.-
El grupo de países donantes, las Naciones Unidas y Estados Unidos continuarán su apoyo al Ministerio Público guatemalteco y fortalecerán a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), una vez termine la misión la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) el próximo 3 de septiembre.
El Sistema de las Naciones Unidas en el país centroamericano, la oficina regional de la ONU contra la droga y el delito, el llamado G13 (países donantes), la delegación de la Unión Europea y la Embajada de EE.UU. en Guatemala manifestaron este jueves su aporte para el «fortalecimiento» institucional de la FECI en su transformación como una fiscalía de sección.
El pasado martes, la Corte de Constitucionalidad del país decidió de manera unánime no otorgar un amparo provisional que buscaba impedir la salida de la Cicig, luego de varios choques entre ese ente tutelado por Naciones Unidas y el Gobierno del país.
La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, agradeció el interés y presencia de la comunidad internacional en este proceso post-Cicig, en el que su despacho diseñó el «plan estratégico institucional», que contempla la «continuidad a la lucha contra la impunidad y la corrupción», que se incorporará formalmente con su mismo personal a la Fiscalía, como lo asegura el acuerdo 59-2019.
Porras subrayó que la Fiscalía heredera de Cicig contará con «el invaluable apoyo» de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de EE.UU., así como la Oficina de las naciones Unidas de Servicios para Proyectos, que diagnosticaron y avalaron a la entidad.
La Cicig y la FECI llevaron ante la justicia 128 casos, desarticularon 54 estructuras, investigaron más de 199 casos y consiguieron que jueces condenaran a 327 personas en 12 años de trabajo, lo que generó una dinámica social distinta a la vivida en el país centroamericano en relación a la justicia.
La nueva estructura orgánica de la FECI, a partir del 4 de septiembre, se basará en los 82 trabajadores que mantiene actualmente, tendrá 11 agencias fiscales y recuperará la sede de Quetzaltenango -que había sido cerrada cuando se anunció la salida de Cicig-, además de que contará con una inyección técnica de 60 personas.
El grupo que se sumará a la Fiscalía Especial está compuesto por 11 investigadores, 10 analistas criminales, 10 analistas financieros, 6 personas de apoyo, 4 analistas de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos y 19 investigadores de la Policía Nacional Civil.
Según Porras, aún no está claro que sean los mismos 60 trabajadores guatemaltecos que se quedan en el limbo tras la salida de la Comisión, pero afirmó que se trata, «en su mayoría, de gente que ya ha colaborado con la FECI y la CICIG, salvo los investigadores».
El «nuevo» modelo de gestión penal, como lo describió Porras, se basará en la «priorización de la persecución penal estratégica» para «atender la mora judicial», se mantendrá el programa de testigos o colaboradores eficaces y los casos llegarán desde las denuncias públicas a los casos presentados por las distintas fiscalías a la jefa del Ministerio Público, quien decidirá cuáles son de interés de la FECI.
El titular de la FECI, Juan Francisco Sandoval, quien está en el cargo desde 2015, cuando los casos de Cicig dieron la vuelta al mundo con la caída del expresidente Otto Pérez Molina, expresó que «en este momento lo que tiene mi corazón es gratitud» por el apoyo manifestado sobre el reto de la continuidad a la lucha anticorrupción e impunidad.
Por su parte, el jefe de cooperación de la delegación de la UE en Guatemala, Alberto Cortesón, indicó que mantendrán el apoyo a las reformas al sistema de justicia y al fortalecimiento del MP «siempre y cuando exista un liderazgo fuerte de las instituciones», un paso que «es necesario lo tomen las instituciones y autoridades y finalizar todo el trabajo de casos que han quedado abiertos con la salida de la Cicig».
La fiscal general concluyó, en una conferencia de prensa posterior a la presentación del plan para la FECI, que será hasta el 4 de septiembre -un día después del retiro de Cicig- cuando tendrá claridad de la cantidad de fondos con los que contará la FECI, apoyada por la comunidad internacional.
La FECI se centrará en investigar casos relacionados a los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad incrustados dentro del Estado y de «cualquier otra conducta delictiva conexa con estos, independientemente del tipo penal que se trate», detalló Porras.
