Tegucigalpa | EFE.-
El Gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos (OEA) firmaron este lunes en República Dominicana un acuerdo orientado a desarrollar una estrategia penitenciaria para fortalecer las capacidades del Instituto Nacional Penitenciario del país centroamericano.
El acuerdo fue firmado por el coordinador general del gobierno adjunto para Prevención, Seguridad y Defensa de Honduras, Luis Suazo, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el marco de la IV Reunión de Autoridades Responsables de las Políticas Penitenciarias y Carcelarias de las Américas y El Caribe, que se celebra en República Dominicana, indicó el organismo.
“Si se aspira a construir sociedades libres de violencia y del crimen organizado, se necesita contar con centros de privación de la libertad que eduquen y den la oportunidad de rehabilitar y reintegrar a las personas que cometieron delitos” subrayó Almagro tras la firma del documento.
Agregó que una gran parte de la población penitenciaria «en algún momento va a recuperar la libertad, y necesitamos que estén preparados para reinsertase en la sociedad”.
La OEA señaló que el acuerdo busca además contribuir a la reinserción social de las privados de libertad en Honduras, como parte de un proceso de reestructuración del sistema penitenciario, que alberga a unos 22.000 reclusos, cuando su capacidad máxima es de 8.000, y menos de la mitad de los presos han sido condenados.
Suazo reafirmó el compromiso de Honduras de trabajar con la OEA para mejorar el sistema penitenciario de su país, compuesto por unas treinta cárceles.
“Tenemos una gran expectativa respecto a la asistencia que vamos a recibir de la OEA, porque nos va a dar una visión clara e integradora, que nos ayudará a humanizar el sistema penitenciario de Honduras”, enfatizó el funcionario hondureño.
La estrategia penitenciaria en la que trabajarán la OEA y Honduras, por un período de nueve meses, debe incorporar un enfoque de derechos humanos en la atención brindada por el sistema en la custodia de personas privadas de libertad.
Entre sus ejes de acción figuran: la mejora de la administración, gestión y de la infraestructura del sistema penitenciario; seguridad y control y vida “intra muros; rehabilitación y reinserción integral; asistencia post penitenciaria; transparencia y rendición de cuentas, agregó la OEA.
El Gobierno hondureño inició en 2017 una transformación del obsoleto sistema penitenciario, al que declaró a mediados de diciembre pasado en emergencia y nombró una Comisión Interventora para tomar el control de las cárceles.
Las cárceles hondureñas han sido escenario de múltiples riñas en los últimos años como las tres de diciembre de 2019 que causaron la muerte de casi medio centenar de reclusos en tres prisiones.
