Guatemala | EFE.-
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala solicitó este viernes al presidente Jimmy Morales y otras autoridades un informe sobre la supuesta negociación con Estados Unidos de convertir al país centroamericano en un tercer país seguro.
El máximo tribunal del país ha recibido tres amparos distintos ante la «amenaza de que el presidente» Morales firme el acuerdo que reconoce a Guatemala como tercer país seguro durante su visita a Washington.
«Los sujetos procesales (presidente de la República, ministro de Gobernación y ministra de Relaciones Exteriores) tendrán 48 horas para rendir informe circunstanciado o antecedentes, por lo que el plazo vencerá el domingo 14 de julio. Transcurrido el plazo, la Corte convocará para conocer y dar una resolución», aseguró el Tribunal.
En este sentido, un portavoz de la Corte anunció a los periodistas que este domingo habrá pleno de magistrados para tratar estos amparos.
La revista The New Yorker informó este viernes de que el Gobierno de Donald Trump busca un acuerdo con Guatemala para transferir a ese país a solicitantes de asilo que lleguen a EE.UU., así como sus casos, librando así a Washington de responsabilidad futura sobre esos inmigrantes.
A diferencia del acuerdo con México, a donde EE.UU. manda a los solicitantes a la espera de que se resuelvan sus procesos migratorios en tribunales estadounidenses, el acuerdo con Guatemala transferiría también los casos al país centroamericano.
Este tipo de acuerdo, conocido internacionalmente como de «tercer país seguro», permitiría a Estados Unidos enviar a Guatemala a cualquier solicitante de asilo no guatemalteco para que aplique allí a esa protección.
Desde su llegada al poder en enero de 2017, Trump ha hecho del asilo uno de sus objetivos políticos ya que considera que hay un abuso del sistema del que los inmigrantes se aprovechan para ingresar y trabajar en Estados Unidos.
En los últimos meses, de hecho, la frontera sur de EE.UU. ha vivido un incremento en las llegadas de solicitantes de asilo centroamericanos en unidades familiares.
Mayo fue el mes de mayor flujo desde 2006, con la detención de más de 132.000 personas que cruzaron la frontera sin permiso.
Trump ha probado varias medidas para desincentivar esa migración, como separar a padres de sus hijos menores de edad tras cruzar la frontera o devolver a México a solicitantes de asilo a la espera de que se resuelvan sus casos.
