San Salvador | EFE.-
La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador solicitó este lunes ante la Cámara Primera de lo Penal modificar las medidas cautelares impuestas al juez Eduardo Jaime Escalante Díaz, procesado por agresión sexual en menor, y se le decrete detención provisional.
El Ministerio Publicó presentó ante la Cámara de Primera de lo Penal de San Salvador un recurso de apelación para que se cambien las medidas cautelares decretadas el pasado 26 de marzo durante la audiencia inicial, informó el Centro Judicial Isidro Menéndez.
Dicha cámara impuso a Escalante Díaz medidas sustitutivas a la detención, por lo que continúa el proceso penal, en su fase de instrucción, en libertad.
De acuerdo con la fuente judicial, «luego de recibir dicho escrito de apelación, la cámara tiene 24 horas para enviarlo a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que se encargará de resolver dicha petición».
El juez Martín Roger Zepeda, quien presidió la audiencia inicial, optó por mantener a Escalante Díaz en libertad bajo fianza de 10.000 dólares mientras se desarrolla el proceso, cuya instrucción continúa, y brindó a la Fiscalía General de la República (FGR) un período de 90 días -3 meses- para que siga con la investigación de los hechos atribuidos al imputado.
Además, como medidas de restricción el letrado ordenó que el acusado no debe salir del país mientras sigue el proceso y deberá presentarse cada 30 días en la Cámara Primera de lo Penal.
El procesado fue desaforado por la Asamblea Legislativa para que se enfrente a la justicia por el delito de agresión sexual en menor e incapaz.
El magistrado de segunda instancia fue denunciado por la madre de la víctima en la delegación de la Policía de Soyapango, localidad del centro del país donde se habría cometido el supuesto delito el pasado 18 de febrero.
Escalante Díaz, de 50 años de edad, era magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil desde noviembre de 2007, de cuyo cargo se encuentra desvinculado, al menos mientras dure el proceso en su contra.
Anteriormente se desempeñó como juez cuarto de lo Mercantil, cargo al que llegó en marzo de 2003, después de ser asistente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador.
El informe «Las voces de los Niños, Niñas y Adolescentes de Latinoamérica y el Caribe», realizado por el Movimiento Mundial por la Infancia, señala que entre el 70 y el 80 % de las víctimas de abuso sexual a menores de 18 años son niñas, y en el 75 % de los casos hay una relación directa del agresor con la víctima.
Según el sitio de transparencia de la Policía Nacional Civil (PNC), entre enero y septiembre del año pasado, última actualización de datos, fueron violadas 1.128 niñas y adolescentes, 71 más que en el mismo período de 2017, cuando se computaron 1.057 víctimas menores de 18 años.
Estas cifras dan cuenta de que 4 menores de edad fueron violadas sexualmente cada día durante el referido lapso de 2018, dato similar al registrado en el mismo periodo de 2017.
