San Salvador | EFE.-
La Fiscalía de El Salvador allanó este lunes la sedes de al menos siete organizaciones no gubernamentales en una supuesta investigación por corrupción, lo que defensores de derechos humanos catalogaron como «persecución política».
Esta acción judicial también se da en momentos en que organismos internacionales han advertido del «hostigamiento» a voces críticas en el país centroamericano mediante una ley de agentes extranjeros, comparada con la de Nicaragua.
La investigación que dio pie a estos allanamientos se dio a petición de una comisión especial de la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, que también investiga administrativamente la asignación de recursos en legislaturas anteriores.
De acuerdo con el Ministerio Público, los delitos investigados son peculado, negociaciones ilícitas, malversación y actos arbitrarios.
El jefe de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción, Emilio Hidalgo, dijo a periodistas que entre las irregularidades que investigan se encuentran las «solicitudes de fondos sin detalles» mediante «conductos no oficiales».
Agregó que supuestamente existen «convenios de cooperación» con «objetivos imprecisos, genéricos y hasta cierto punto repetitivos» y que «algunos de los miembros (de las ONG) podrían llegar a ser empleados de la Asamblea Legislativa».
También añadió que los balances financieros se presentaron de forma tardía.
«Se le está dando seguimiento a una serie de anormalidades que pudieron haber surgido en el proceso adjudicación, ejecución y seguimiento de fondos procedentes del Estado salvadoreño», indicó Hidalgo.
Entre las organizaciones allanadas se encuentra la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA, Fundación Salvadoreña de Apoyo para las Víctimas y Afectados por las Pandillas «Una Mano Amiga» y el Movimiento de Mujeres «Mélida Anaya Montes».
«Hacemos del conocimiento público que hemos sido allanadas, que no tenemos nada que ocultar. Nuestro único delito es defender los derechos humanos de las mujeres», publicó en redes sociales la organización, también conocida como Las Mélidas que tiene 29 años trabajando en proyectos para mujeres.
Otras iniciativas feministas se pronunciaron y señalaron que «en El Salvador ha iniciado la persecución política incluyendo a las organizaciones feministas».
«HOSTIGAMIENTO» A ONG
Entidades como Amnistía Internacional (AI) han señalado recientemente que la previsible aprobación de una ley de agentes extranjeros en el Congreso, de mayoría oficialista, reforzaría el «hostigamiento y estigmatización» a organizaciones humanitarias y a la prensa.
La propuesta, que ha sumado críticas de Human Rights Watch (HRW) y de relatores de la ONU, fue enviada por el presidente Nayib Bukele pocos días después de señalar a Estados Unidos de financiar a organizaciones sociales que a su juicio son la «oposición política».
Se esperaba la aprobación del proyecto de ley el miércoles pasado durante la sesión plenaria semanal, sin embargo, la propuesta no fue incluida en la agenda del Congreso.
La iniciativa, que tiene luz verde para su votación con apenas un par de reuniones de exposición en una comisión de diputados, establece la creación de un registro de organizaciones o personas cuyas actividades en El Salvador «respondan o sean financiadas directa o indirectamente por un extranjero», según el texto del proyecto de ley.
LLAMADO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
Tras los allanamientos, diversas organizaciones no gubernamentales han llamado a la comunidad internacional a que se mantenga vigilante de la situación que enfrentan dichas entidades en el país.
El Instituto de Estudios de la Mujer (Cemujer) llamó «urgentemente» a los organismos internacionales a que se pronuncien por lo sucedido y demandó respeto a «la integrar física de las compañeras».
Por su parte, Irene Gómez, de la entidad no gubernamental Cristosal, dijo en declaraciones a medios radiales que «se tendría que interponer una denuncia a nivel internacional por la vulneración de los derechos humanos».
«Estamos en un momento en contra de las organizaciones que tienen voces criticas ante las ilegalidades del Gobierno», indicó.
Lamentó que, «como hay una concentración de poder», «ya no hay mucho qué hacer, por lo menos en el aspecto nacional, pero internacionalmente se tendría que interponer algún tipo de denuncia por la vulneración a los derechos humanos».
Agregó que «lo que nos espera es una persecución política y no solamente a las instituciones sino que también a nosotros como personas defensoras de derechos humanos».
«DESMONTANDO MECANISMOS DE CONTROL»
Para David Morales, extitular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), los allanamientos son parte de una acción del Gobierno de Bukele para «desmontar todos los mecanismos constitucionales y democráticos de control».
«(Bukele) Sacó de en medio, para no tener controles, a la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, y después desmanteló la independencia judicial con irregulares procedimientos de nombramiento de magistrados y con un decreto de purga judicial», señaló Morales quien se desempeña como jefe de Justicia Transicional de Cristosal.
Agregó que «las organizaciones sociales y de derechos humanos por nuestra propia naturaleza ejercemos una contraloría ciudadana hacía las autoridades de turno».
Bukele crítica constantemente a las organizaciones no gubernamentales que se muestran inconformes o cuestionan las decisiones del Gobierno y otros órganos de Estado.
El mandatario ha señalado a Estados Unidos de financiar a ONG que él considera de «oposición», mientras que el país norteamericano decidió poner en pausa sus diálogos con El Salvador por falta de «interés» del Ejecutivo de Bukele.
