San Salvador | EFE.-
La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador investiga por enriquecimiento ilícito al expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes (2011-2015), informó este lunes el fiscal general, Raúl Melara.
Melara dijo en una conferencia que una auditoría realizada por la Corte de Cuentas de la República (CCR), que según medios locales determinó que Reyes supuestamente se benefició con la compra de terrenos de un instituto de pensiones del Ejército, es un «insumo más en la investigación que estamos llevando a cabo por enriquecimiento ilícito».
«También se están evaluando otras series de evidencias y de documentos que nos van a permitir presentar un caso (ante tribunales) en el momento determinado», acotó Melara.
Recordó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó un juicio civil contra Reyes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, de izquierda), por supuesto enriquecimiento ilícito en julio pasado.
Reyes se convirtió así en el primer expresidente del Congreso salvadoreño en ser enviado a juicio civil por decisión de la Corte Suprema, que basó su fallo en una investigación administrativa de los bienes del político de la Sección de Probidad.
Antes de Reyes, el único político ligado al FMLN que ha enfrentado un proceso similar fue el exmandatario Mauricio Funes, recientemente nacionalizado nicaragüense.
Funes fue condenado por una corte civil a devolver al Estado más de 419.00 dólares en noviembre de 2018 y dicho proceso derivó en una causa penal por la supuesta malversación de más de 351 millones de dólares.
Según reportes de la prensa local, Reyes no pudo justificar ingresos por más de 373.000 dólares.
Reyes, guerrillero durante la guerra civil (1980-1992) y miembro del Partido Comunista Salvadoreño antes de la formación del FMLN, fue diputado entre 2006 y 2015. Posteriormente se desempeño como presidente del estatal Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa).
La Sección de Probidad de la CSJ recoge las declaraciones patrimoniales de los funcionarios al tomar posesión de sus cargos y al concluir la gestión para determinar si existen irregularidades o indicios de enriquecimiento ilícito.
