San Salvador | EFE.-
La familia de Beatriz, una joven ya fallecida a quien en 2013 se le impidió interrumpir su embarazo, espera justicia en el caso de la salvadoreña que será visto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
«Mi hermana ya no está, pero sigue la lucha de ella y nosotros como familia la hemos retomado y vamos a seguir hasta lograr que se le haga justicia a mi hermana para que ninguna mujer vuelva a pasar lo que mi hermana tuvo que pasar», dijo en una conferencia de prensa el hermano de Beatriz identificado únicamente como Humberto.
Humberto describió a su hermana como una «mujer luchadora, decidida, que siempre, a pesar de las dificultades y obstáculos que hay en la vida, (…) siempre luchó y siguió adelante».
«Mi hermana nunca se dio por vencida y eso es lo que a nosotros como familia nos hace seguir su lucha», subrayó.
El joven aseguró que «nadie obligó a mi hermana» a tomar la decisión de solicitar interrumpir su embarazo.
«Ella misma decidió enfrentarse a los poderes del Estado», agregó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en enero del año pasado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el caso de Beatriz, y este será visto en una audiencia que se celebrará el 22 y 23 de marzo en San José, Costa Rica.
La joven salvadoreña, que padecía la enfermedad crónica lupus, recurrió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del país centroamericano, que le denegó el aborto.
Posteriormente dio a luz a una niña mediante una cesárea, pero la recién nacida falleció porque no tenía cerebro.
ONG TAMBIÉN ESPERAN JUSTICIA
Las organizaciones colitigantes también esperan que la CorteIDH «emita una sentencia que condene al Estado salvadoreño por violentar los derechos humanos de Beatriz», quien en 2011 dio a luz a su primer hijo y también padecía de hipertensión y artritis.
Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, dijo que «esperamos que el Estado salvadoreño sea condenado, esperamos que se pueda generar cambios estructurales, que se puedan generar medidas de no repetición (…) que el Estado salvadoreño le repare de manera integral a la familia».
Marcela Martino, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), señaló que desean que la sentencia que emita la CorteIDH «no solo implique la reparación y el reconocimiento de lo que sucedió y que implicó la violación de los derechos de Beatriz, sino que también va a implicar medidas que esperamos permitan remover los obstáculos para acceder a una salud sexual y reproductiva en El Salvador».
«Las organizaciones que acompañamos a la familia de Beatriz estamos esperanzadas a que, con que la decisión que se tome, podamos avanzar hacia un continente que en mayor medida garantice la vida y los derechos de todas las mujeres», apuntó.
Por su parte, Fernanda Díaz de León, Ipas LAC (International Projects Assistance Services), indicó que «lo que las organizaciones colitigantes y la familia de Beatriz esperamos es el reconocimiento de que los servicios de aborto son servicios esenciales para preservar la salud y la vida de las mujeres y de las personas gestantes embarazadas».
«Esperamos que se reconozcan las violaciones a los derechos humanos cometidas por un Estado que derivan de la negación de servicios de aborto (…) esperamos que se establezcan precedentes para reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de esta negación de servicios, cuando la salud y la vida está en riesgo», agregó.
En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias y son procesadas bajo el cargo de homicidio agravado.
