Tegucigalpa | EFE.-
La sentencia que será dictada el 4 de abril contra David Castillo por el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, hace seis años, satisface a la defensa de la líder indígena, dijo este domingo el abogado Víctor Fernández.
«Saludamos ese anuncio, me alegro que finalmente vayamos a tener la sentencia que le pone fin a esta fase del juicio oral y público», enfatizó a Efe Fernández, exfiscal del Ministerio Público.
Agregó que con la sentencia «se abre la posibilidad real de agotar la siguiente instancia, que es la etapa de los recursos», y que «el proceso es para que el tribunal lea la sentencia, ya que el fallo está dado y el tipo es culpable».
«Lo que vamos a tener es la pena concreta que el tribunal le va a imponer en el rango que dice la ley», señaló Fernández.
La portavoz del Supremo, Lucía Villars, anunció el viernes que la sentencia contra David Castillo por el asesinato el 2 de marzo de 2016 de Berta Cáceres, será conocida el 4 de abril.
Fernández expresó que la decisión del tribunal «hace muchos días que la estamos esperando y reclamando, porque hace muchos días que pasó el plazo legal y el plazo razonable para que dictará la sentencia y nos convocaran a esa audiencia».
MANOSEO DE LA JUSTICIA
«El fallo -que declaró culpable a Castillo- fue el 5 de julio de 2021 y hasta nueve meses después vamos a tener la sentencia», dijo.
Indicó además que es importante que se cierre la sentencia dada la coyuntura política que vive el país y los riesgos fundados que hay «de tanto manoseo de la justicia».
«Ojalá que esto esté motivado en el ánimo de dar justicia definitiva al juicio, que se respeten las decisiones y que lo que se venga enseguida sea en el marco del respeto al Estado de derecho y acceso a la justicia de las víctimas y de la imagen del país que también está en juego en este caso», expresó Fernández.
También señaló que la trama para asesinar a Berta Cáceres está desvelada en el proceso.
Agregó que han peleado para que a través de la prueba que se incorporó al proceso, la misma fuera evacuada públicamente, «no solo por lectura de quienes intervenimos en el juicio, sino por todo el tema de las comunicaciones y la corrupción a funcionarios».
CONSTRUIR LA HISTORIA CON LA SENTENCIA
Hay otros factores como «la subyugación del sistema, que hoy es mucho más evidente con la imputación que la justicia de EE.UU. le ha hecho a quién fue presidente del país (Juan Orlando Hernández), justo en todo este período en que se produjo el asesinato. Es decir, cómo operaron «todo el Estado y toda la estructura económica criminal en muchos otros crímenes, aquí está revelado», acotó.
Fernández dijo que la defensa y la familia de la ambientalista quieren que con la sentencia se pueda construir la historia y asegurar la posibilidad de que, sobre la base de lo escrito que recoge el tribunal, hechos como el asesinato de Berta no se repitan.
«Es una decisión judicial del Estado, entonces se asume esa responsabilidad y de alguna manera es un camino que garantiza la no repetición de estos hechos sobre muchas víctimas, y seguro que van a configurar lo que pudo pasar en muchos otros crímenes de luchadores sociales de este país», recalcó.
En julio de 2021 el Ministerio Públicos pidió una condena de 25 años de cárcel para Castillo, mientras que su defensa abogó por 20.
Castillo, un exmilitar hondureño, era presidente ejecutivo de la empresa Desarrollo Energéticos S.A. (DESA), encargada de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, cuando Cáceres, que se oponía a ese proyecto por los daños ambientales que causaría, fue asesinada.
Cáceres, quien era coordinadora y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a tiros en su casa pese a que contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que ella había denunciado múltiples amenazas de muerte.
En diciembre de 2019 un tribunal condenó a cuatro de ocho acusados a 34 años de prisión por el asesinato de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro, quien era huésped de la líder ambientalista indígena hondureña el día del crimen.
Otros tres fueron sentenciados a 30 años de cárcel, como coautores del crimen.
