Ciudad de Guatemala | EFE.-
La Conferencia Episcopal de Guatemala expresó este viernes su desasosiego por la situación de la justicia en el país centroamericano, ya que se encuentra bajo «duda» y «sospecha» por recientes acontecimientos.
Los líderes de la iglesia católica en Guatemala expresaron en una rueda de prensa su intranquilidad también por «la desigualdad social, el manejo deficiente de los recursos y la rampante corrupción» que impera en las autoridades.
El arzobispo de la Ciudad de Guatemala y presidente de la Conferencia Episcopal, Gonzalo de Villa, invitó de igual forma «a trabajar por el bien común».
La rueda de prensa de este viernes se registró tras «la asamblea anual» de los religiosos, que tuvo lugar del 7 al 11 de febrero, precisó la misma fuente.
«Las alternativas que ha ofrecido históricamente el Estado (a la población) han sido exclusión, explotación y persecución», añadió de Villa al leer un comunicado de la entidad.
JUSTICIA EN RIESGO
La Conferencia Episcopal de Guatemala criticó específicamente la ausencia de renovación de la Corte Suprema de Justicia, que se mantiene en suspenso desde hace más de dos años, debido al desinterés del Congreso en llevar a cabo la elección de nuevos magistrados.
«No haberlo hecho (la elección) constituye una flagrante desidia de quienes debieron haber cumplido con su responsabilidad constitucional», añadió la nota de prensa.
De Villa estuvo acompañado en la conferencia por el cardenal Álvaro Ramazzini y Víctor Hugo Palma, obispo del departamento de Escuintla (sur).
«Hay un ambiente claro en el país de duda y de sospecha, por no decir palabras más fuertes, con respecto al modo al que está operando la justicia y al modo que debiera ser», enfatizó de Villa.
Este mismo viernes, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, manifestó su «preocupación» en un comunicado por la detención el jueves de «al menos dos personas» que colaboraron con la Comisión Internacional contra la Impunidad en ese país (CICIG), un organismo creado por la ONU.
Dicho organismo llevó a cabo una histórica lucha anticorrupción en Guatemala entre 2014 y 2019 que llevó a tribunales a más de 200 políticos y miembros de la élite empresarial por cargos de corrupción.
Las detenciones de este jueves generaron ya ayer críticas en varios sectores de la población guatemalteca, en especial contra la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, quien en septiembre pasado fue sancionada por Estados Unidos acusada de «obstruir» casos de alto impacto.
En declaraciones a la radio local Emisoras Unidas, el extitular de la FECI, Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos tras ser destituido en junio del año pasado por Porras, calificó las operaciones como «una cacería» de operadores de justicia.
Guatemala tiene con una población de alrededor de 18 millones de habitantes y casi el 60 por ciento de ellos vive bajo el umbral de la pobreza, según cálculos oficiales.
