Santiago de Chile, EFE.-
La ministra de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Marcela Ríos, dijo este martes a Efe que la elaboración del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos anunciado por el Gobierno será un «proceso participativo» con familiares y agrupaciones en todo el país.
«El Plan Nacional de Búsqueda anunciado por el presidente (Gabriel) Boric es un compromiso de este Gobierno, justamente porque estamos enfrentando la impunidad biológica, la muerte no solo de muchos de los familiares que han luchado por la búsqueda de sus víctimas, sino también de testigos y perpetradores de violaciones a los derechos humanos», apuntó la secretaria de Estado.
Desde los Tribunales de Justicia, ubicados en el corazón de la capital chilena, Ríos anunció la presentación de 17 querellas criminales por ejecuciones sumarias y desaparición forzada de 25 personas durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1990), en particular hechos que hasta la fecha no han sido investigados.
El pasado 1 de junio, en su cuenta pública desde el Congreso Nacional en Valparaíso, el mandatario chileno, Gabriel Boric, manifestó su el objetivo de impulsar un plan de búsqueda de detenidos desaparecidos como parte de su línea de trabajo en memoria y derechos humanos.
«Estamos trabajando para iniciar en septiembre un proceso participativo con los familiares a lo largo de todo el país. Necesitamos escuchar primero a los familiares para poder elaborar en conjunto con las organizaciones esta propuesta», explicó la ministra a Efe.
El plan, prosiguió Ríos, «va a incorporar no solo una dimensión judicial para poder ayudar a acelerar causas, sino también para poder ayudar en temas de memoria, analizar información y para hacernos cargo de casos de víctimas que no hayan sido reconocidas hasta hoy día por el Estado de Chile».
Para trazar los lineamientos de la tarea, obstaculizada entre otros factores por la disponibilidad de información que ayude a dilucidar el paradero de las víctimas, Chile también mira a sus vecinos de la región: Argentina, Uruguay, Perú, Paraguay y Colombia, entre otros, tienen experiencias en la materia, cada uno con sus particularidades.
«Hemos estado conversando con expertos internacionales, tenemos vínculos con las experiencias de Colombia, Argentina y otros países de la región. Esperamos también recibir mucho apoyo y sugerencias de organismos internacionales que se han especializado en esta materia, también del mundo académico», comentó la ministra.
«Nosotros vamos a ser un proceso inclusivo de escucha para que este esfuerzo que está impulsando el Gobierno de Chile cumpla con los más altos estándares en materia internacional y recogiendo todo el trabajo que se ha hecho, porque lo que nosotros necesitamos hacer es poner toda esta información de manera conjunta al servicio de este proceso de búsqueda», agregó.
Chile vivió una dictadura cívico militar durante 17 años luego de que un golpe de Estado derrocara al presidente democrático Salvador Allende (1970-1973); en adelante, aparatos de seguridad organizados en asociación ilícita, según ha acreditado la Justicia, iniciaron una represión masiva contra militantes de izquierda y opositores al régimen de Pinochet.
Según datos oficiales, alrededor de 3.200 opositores murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 40.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
