Guatemala | EFE.-
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, instó este miércoles a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad a no dar trámite a las «tonteras» que se presentan porque le están haciendo un daño sin precedentes a la justicia y reafirmó que la decisión de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) está tomada.
«Nosotros queremos que la Corte de Constitucionalidad haga su trabajo y que los que estén utilizando la figura del amparo como un pretexto político e ilegal reciban la respuesta que debe recibir», comentó el mandatario a periodistas cuando hacía un recorrido por los pasillos del Palacio Nacional de la Cultura.
Morales fue consultado sobre la decisión del máximo tribunal del país de no otorgar un amparo solicitado por cuatro personas para impedir la salida, el próximo 3 de septiembre, de la Cicig de Guatemala.
«Esto está decidido. No renovar el mandato desde que se planteó», respondió el mandatario al indicar que la acción ante el Constitucional fue presentada «por gente que quiere un poco de protagonismo».
El presidente dijo que a este tipo de amparo la Corte de Constitucionalidad «ni siquiera les debe de dar trámite porque se gastan los recursos de los guatemaltecos».
«¿Cuánto vale el tiempo de un magistrado?», preguntó y enseguida respondió:»Carísimo y dejemos solo lo monetario. Ellos tienen temas importantes que tratar. Mientras más tiempo ocupen los magistrados para resolver tonteras que presentan lo que están haciendo es un daño sin precedentes a la justicia, a la soberanía guatemalteca y a la sociedad».
Morales también cuestionó por qué la Corte no resuelve el caso de la Mina San Rafael, que lleva varios años, que no solo representan 1.000 millones de dólares de capital extranjero, sino también generación de empleo directo, indirecto y pago de tributos.
«Dejen de hacer eso, pónganse a trabajar las instituciones que quieren a Guatemala», instó.
El pleno del máximo tribunal del país indicó el martes, en un breve comunicado, que resolvió «no otorgar el amparo provisional» solicitado por Álvaro Montenegro, Edie Cux, Pamela Saravia y Elvyn Díaz el pasado 21 de agosto «con el objetivo de que el mandato de la Cicig no termine» en la fecha prevista.
La decisión fue «unánime» pero se desconocen los motivos que llevaron a la Corte de Constitucionalidad a no otorgar de forma provisional este recurso, en el que se denunciaba un supuesto conflicto de intereses del presidente Morales en su afán de finalizar el mandato del ente auspiciado por la ONU.
En septiembre de 2018, rodeado de militares, Morales anunció que la Cicig no iba a continuar por haber extralimitado en sus funciones.
