Tegucigalpa | EFE.-
Honduras y EE.UU. avanzan en la negociación de un «acuerdo de asilo», un pacto para frenar la migración ilegal que Washington asegura que es muy diferente a la polémica figura de un «tercer país seguro» que, según analistas, el país centroamericano no puede garantizarle ni a su propia gente.
Expertos locales consultados por Efe consideran que EE.UU. sí ha presionado a Honduras para que sea considerado un «tercer país seguro» y que le ha amenazado con gravar las remesas familiares, que para este año, según las autoridades hondureñas, podrían superar los 5.000 millones de dólares.
La figura del «tercer país seguro» ha generado polémica en México y Centroamérica, pues permitiría a EE.UU. enviar a esos países a los solicitantes de asilo que lleguen a sus fronteras para que pidan desde ahí ese amparo y no permanezcan en suelo estadounidense, bajo el argumento de que es más seguro para los migrantes.
Justamente ese término ha sido rechazado contundentemente por el canciller hondureño, Lisandro Rosales, quien el pasado 17 de septiembre dijo a Efe: «no sé de que tercer país seguro me habla, nosotros lo que estamos hablando con Estados Unidos es de un convenio bilateral de cooperación en temas migratorios».
De los acuerdos alcanzados hasta ahora no se conocen mayores detalles, solamente lo expresado en comunicados conjuntos en Washington y Tegucigalpa luego de reuniones celebradas durante las últimas dos semanas en ambas capitales.
En una escueta declaración conjunta del viernes, indicaron que representantes de los Gobiernos de los dos países «se reunieron esta semana en Tegucigalpa para conversar sobre cómo «mejorar la colaboración en las áreas de aplicación de la ley y el intercambio de información, reforzar la seguridad fronteriza regional, fortalecer las protecciones migratorias y aumentar las oportunidades de empleo temporal en los Estados Unidos».
El tema es cuestionado por sectores hondureños que, al margen de que Honduras acepte o no ser «tercer país seguro», creen que el país no le puede garantizar seguridad a migrantes suramericanos, cubanos y de otras nacionalidades que, por miles, todos los años cruzan por el país con la idea de llegar a EE.UU.
La preocupación de algunos sectores es por que consideran que Honduras podría verse en problemas para atender eventualmente a miles de migrantes que se estarían viendo obligados a solicitar asilo desde allí, por exigencias de Estados Unidos.
Eso sería similar a lo sucedido en los años 80, cuando el país albergó a más de 75.000 refugiados, en su mayoría salvadoreños, nicaragüenses y en menor número guatemaltecos y haitianos.
La presencia de miles de migrantes en Honduras tendría un coste que alguien tendría que pagar, que expertos consideran que debe recaer en Estados Unidos porque es el país más interesado en el tema migratorio.
El analista Víctor Meza dijo a Efe que son «tres compromisos» los que autoridades hondureñas «han firmado con Estados Unidos» en las últimas semanas «que convierten a Honduras no solamente en un país llamado tercer país seguro, siendo uno de los países más inseguros del mundo».
«Lo quieren convertir por medio de un convenio en el país seguro», además que se habrían firmado «acuerdos para reforzar las patrullas fronterizas, los controles, las políticas de fronteras, es una cosa seria», añadió Meza.
En opinión del obispo de San Pedro Sula, norte de Honduras, Ángel Garachana, lo que quiere el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es «ir bajando los controles» migratorios, de tal manera «que no sea él quien tenga que dar la condición de refugiado político, sino que sean México, Guatemala y Honduras».
El religioso dijo a periodistas que es «lamentable» que Estados Unidos gravara las remesas familiares en caso de que Honduras no accediera a las exigencias migratorias de la nación del norte.
Garachana, quien además preside la Conferencia Episcopal de Honduras, afirmó que «país seguro», Honduras «ahora ni siquiera lo es para los hondureños» y que, por tanto, no se puede hablar de «país seguro para los inmigrantes transeúntes».
El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, ha dicho que «Honduras debe ser un país seguro en la medida que evitemos que se aglomere o pueda crecer una ola enorme de extranjeros en territorio nacional, puesto que estamos luchando para que nuestra gente tenga más y mejores oportunidades; sería más difícil, por ejemplo, con una carga de 70.000 personas que vengan de África o de Cuba».
«Se debe llegar a un acuerdo bilateral con Estados Unidos, que nuestras fronteras, Nicaragua-Honduras, Guatemala-Honduras, sean fronteras seguras, se tenga presencia allí, se pueda cumplir con las obligaciones internacionales, entre otros temas», acotó.
El asesor especial de Trump y director principal de la División de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., Mauricio Claver-Carone, dijo el jueves en una teleconferencia desde Washington que los «acuerdos» que se buscan son «de cooperación de asilo», los que en su opinión, «son diferentes a los acuerdos de tercer país seguro».
A manera de ejemplo citó que si una persona que esté huyendo de persecución política en Cuba transita por Honduras, «entonces esa persona ya no sería perseguida por el régimen cubano en Honduras» y que igual sería «con un nicaragüense o con un venezolano que esté transitando por El Salvador».
La situación no es fácil para Honduras, que además de la violencia, que a diario deja entre diez y catorce muertos, enfrenta una crisis política y social que se agudizó luego de la reelección del presidente Hernández en los comicios generales del 26 de noviembre de 2017, en los que según la oposición, hubo fraude.
Desde entonces la oposición ha venido exigiendo la salida del poder del gobernante hondureño.
