San Salvador | EFE.-
El expresidente de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014) aseguró este jueves que la Fiscalía del país centroamericano torturó y amenazó a las personas que se presentarán como testigos de cargo en el proceso que enfrenta por la supuesta malversación de más de 351 millones de dólares.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó el miércoles un dictamen de acusación, con lo que concluye la investigación judicial correspondiente a la etapa de instrucción de este caso.
Funes aseguró que en dicho documento se presentaron la mismas pruebas con las que se comenzó el proceso y que fueron «fabricadas por investigadores de la FGR a partir de testigos amenazados y torturados».
De acuerdo con el exjefe de Estado, «los fiscales del caso sólo ratificaron la acusación, no la ampliaron ni agregaron ningún elemento nuevo que sustentara el requerimiento fiscal».
«La FGR debería dedicarse mejor a investigar a Douglas Meléndez y a Jorge Cortez. Estos dos sí son unos verdaderos delincuentes que fabricaron y adulteraron pruebas para incriminarme
El exmandatario, que gobernó bajo la bandera del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y se encontraba asilado en Nicaragua desde septiembre de 2016, recibió recientemente la nacionalidad de ese país.
«No huyo, me protejo de una acusación arbitraria que tiene motivaciones políticas», aseguró en sus redes sociales y señaló que el ex fiscal general Douglas Meléndez y a otro jefe fiscal de «fabricaron y adulteraron pruebas» para incriminarlo.
Las investigaciones del Ministerio Público señalan que Funes malversó y lavo más de 351 millones de dólares del presupuesto estatal mediante cuentas de banco particulares.
Funes, al igual que el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009), utilizaron esquemas similares para apropiarse del dinero mediante una cuenta de «gastos reservados» que sirve para canalizar el gasto de la inteligencia estatal, de acuerdo con la Fiscalía.
Saca purga una pena de 10 años de prisión impuesta en septiembre de 2018 por malversar más de 300 millones de dólares y lavarlos mediante sus empresas de comunicaciones, delitos que confesé en un juicio.
La referida cuenta también la heredó Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), cuyo gastó secreto es auditado por la Corte de Cuentas de la República (CCR) a petición de actual presidente, Nayib Bukele, quien ha prometido eliminar dicha partida presupuestaria.
