AFP.-
La fiscalía de Guatemala solicitó al tribunal constitucional dejar sin efecto una investigación del Congreso contra una extinta misión antimafias de la ONU, al considerar que las pesquisas legislativas son ilegales, informó este miércoles Julia Barrera, vocera del Ministerio Público.
Barrera dijo a periodistas que el Ministerio Público (fiscalía) presentó la noche del martes una solicitud de amparo contra el Congreso, que conformó una comisión para investigar los 12 años de funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU que cerró sus puertas el pasado 3 de septiembre.
Para la fiscalía, que colaboró con la Cicig en sus investigaciones anticorrupción, «la creación de esta comisión viola la autonomía e independencia del Ministerio Público como titular exclusivo de la acción penal pública», declaró Barrera.
La funcionaria agregó que la comisión, integrada por cinco diputados y que inició sus funciones el lunes pasado, también «viola los principios de independencia judicial, seguridad y certeza jurídica».
Los impulsores de la comisión parlamentaria, entre los que hay diputados que fueron señalados de corrupción por la Cicig, consideran que la misión de la ONU cometió ilícitos como la violación del principio de inocencia de sindicados e injerencia en asuntos internos.
Los diputados buscan que las presuntas víctimas de la Cicig presenten denuncias penales para procesar a los exfuncionarios de la misión internacional, pese a que en el acuerdo de creación del ente entre Guatemala y la ONU se estableció inmunidad para su ejercicio.
El presidente saliente Jimmy Morales, quien se negó a extender el mandato de la Cicig luego de que el ente pidió investigarlo por corrupción, criticó a la misión en la reciente Asamblea General de la ONU y apoyó la investigación en su contra.
Por su lado, el mandatario electo, Alejandro Giammattei, quien ganó en balotaje en agosto pasado y asumirá en enero, puso en duda los beneficios de investigar el funcionamiento de la Cicig y llamó a «voltear de página» para enfocarse en atacar la corrupción.
La Cicig inició sus funciones en 2007 para atacar a las mafias incrustadas en el aparato estatal, pero fue en 2015 cuando provocó un terremoto político al revelar junto a la fiscalía general un fraude en las aduanas que llevó a la renuncia del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), señalado como cabecilla de la estafa.
