AFP.-
El partido FARC, surgido del histórico acuerdo de paz con la exguerrilla, responsabilizó este viernes al gobierno de Colombia por la falta de garantías para hacer política, tras el asesinato de otro excombatiente a tres días de unos comicios locales.
Con el homicidio de Alexander Parra el jueves, la Fuerza Alternativa del Común (FARC) calcula en 168 los asesinatos de exguerrilleros y familiares tras la firma del pacto de paz en 2016.
«Responsabilizamos al gobierno nacional por la falta de garantías de seguridad y garantías políticas para cumplir el mandato que estableció el acuerdo de paz en cuanto a nuestra participación política», dijo en rueda de prensa el dirigente del ahora partido de izquierda, Pastor Alape.
El asesinato de Parra, esposo de una candidata al concejo del municipio de Mesetas (centro), fue el primero dentro de una zona especial para la reincorporación de los exguerrilleros a la vida civil, dispuesta por el pacto de paz.
«Se trata exclusivamente de un crimen en el marco de la campaña electoral (…) y se configura como una estrategia de aniquilamiento al partido», agregó el negociador del acuerdo.
Alape pidió encontrar a los «actores intelectuales» del «crimen» y criticó las «acciones» del gobierno enfocadas en «desmontar» el tribunal de paz y «desarticular el proceso para volverlo trizas».
El presidente Iván Duque es crítico del acuerdo de paz al que considera indulgente con los antiguos rebeldes.
Al término de un consejo de seguridad en Mesetas, el Alto Consejero para la Estabilización y la Consolidación de la paz, Emilio Archila, indicó que se dispusieron medidas de seguridad adicionales para la zona de reincorporación afectada y que se adelantará una «minuciosa revisión» de los otros espacios donde viven unos 3.500 exguerrilleros.
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, agregó el ofrecimiento de una recompensa de 50 millones de pesos (unos 14.000 dólares) a quien ofrezca información que permita dar con la captura del homicida de Parra.
Tenso contexto electoral
La Misión de Verificación de la ONU en Colombia lamentó el asesinato de Parra y rechazó «el aumento de asesinatos de excombatientes», en un comunicado.
Según la fiscalía, los ataques contra exguerrilleros involucran a disidentes de la otrora guerrilla que rechazaron los acuerdos, grupos armados del narcotráfico, el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista) y la fuerza pública.
La agresión se suma a un recrudecimiento de la violencia contra candidatos a los comicios del 27 de octubre, donde se elegirán gobernadores, alcaldes y diputados locales.
Desde el 27 de julio, cuando venció el plazo de inscripción, siete candidatos han sido asesinados, 88 recibieron amenazas, 12 han sufrido atentados y uno fue secuestrado, según la independiente Misión de Observación Electoral.
La Defensoría del Pueblo (Ombudsman) ha advertido sobre el tenso contexto que enloda las que serán las segundas elecciones de la exguerrila desde que se transformaron en partido político.
Según la entidad, los comicios están en «riesgo» en más de un tercio de las localidades de Colombia por la presencia de grupos armados ilegales.
Los ataques han afectado a candidatos de diferentes tendencias políticas.
