Por Daina Beth Solomon y Laura Gottesdiener | CIUDAD DE MÉXICO | Reuters.-
La familia de una activista hondureña asesinada presentó el martes una petición ante fiscales de Países Bajos para que se investigue penalmente a un banco de desarrollo de ese país que financió un proyecto de infraestructura en la nación centroamericana vinculado al crimen.
La ambientalista Berta Cáceres se organizaba para detener la construcción de una represa hidroeléctrica en tierras del pueblo indígena Lenca cuando fue asesinada a tiros en 2016.
La petición de 138 páginas, preparada por la Asociación de Justicia Global con sede en Amsterdam, argumenta que el Banco Holandés de Desarrollo Empresarial (FMO por su siglas en inglés) ignoró las advertencias de posibles sobornos y fraudes mientras proporcionaba millones de dólares para el proyecto.
FMO no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
El banco ha dicho que realizó estudios ambientales y que consultó a la comunidad local, pero luego abandonó el proyecto tras el asesinato de Cáceres. FMO también dice que desde entonces ha mejorado sus políticas de derechos humanos.
La fiscalía neerlandesa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters sobre el caso.
La familia de Cáceres quiere que fiscales investiguen si FMO violó leyes financieras y contra lavado de dinero, asó como si podría ser considerado responsable de complicidad en actos de violencia en torno al proyecto, incluido el asesinato de la ambientalista.
FMO ya es objeto de otra demanda civil en Países Bajos, en la que la familia de Cáceres alega que el banco contribuyó a violaciones de derechos humanos. La institución ha dicho que está buscando un acuerdo.
A principios de junio, Roberto David Castillo, expresidente de Desarrollos Energéticos (Desa), la empresa eléctrica hondureña financiada por FMO, fue condenado a 22 años y seis meses en prisión por participar en el crimen contra la activista.
Bertha Cáceres, hija de la activista asesinada, dijo que espera que la investigación criminal pueda revelar «los rostros y acciones de quienes posibilitaron con su dinero y aval los ataques al pueblo Lenca».
El proyecto hidroeléctrico también recibió financiamiento del fondo de inversión estatal finlandés Finnfund y del Banco Centroamericano de Integración Económica. La petición contra FMO no pide que se investigue penalmente a ninguno de los dos.
