Ciudad de Guatemala | EFE.-
Un tribunal de sentencia escuchó este lunes la «última palabra» de un grupo de exfuncionarios, entre ellos el expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina, previo a dictar sentencia por un caso de defraudación aduanera descubierto en 2015.
Los primeros 8 de 29 acusados en el caso de defraudación aduanera denominado “La Línea”, utilizaron su derecho de declarar por última vez ante el tribunal, dirigido por la jueza Jeanette Valdez, previo a que el tribunal cite para emitir su sentencia.
Una de las primeras en hablar en la audiencia de este lunes fue la ex intendente de aduanas, Claudia Méndez, acusada de coordinar los pagos que la organización criminal hacía a empresarios importadores para reducir el pago de impuestos en algunos puertos del país.
Méndez aprovechó su tiempo para criticar el actuar del juez Miguel Ángel Gálvez, quien la envió a juicio en 2017, por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y caso especial de estafa.
Durante la audiencia también declararon otros siete implicados, quienes son descritos por la Fiscalía como los «operadores externos» de la estructura, no trabajaban para el Estado pero funcionaban como enlaces entre los funcionarios y los empresarios que pagaban para reducir impuestos.
Con frases como «Dios me liberará» y citando versículos bíblicos, los acusados pidieron al tribunal dictar la sentencia que consideren justa.
Entre el martes y miércoles deben declarar el resto de acusados, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina, quien fue acusado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), por supuestamente liderar la banda que habría defraudado al Estado por 3,5 millones de dólares entre 2012 y 2014.
El caso La Línea se reveló en abril del 2015 y provocó la caída del Gobierno de Pérez Molina que decidió renunciar en septiembre de ese año.
Pérez Molina, de 71 años, ha permanecido en prisión preventiva durante 7 años, tiempo que tomó al sistema de justicia de Guatemala agotar todas las fases del proceso penal, de este emblemático caso.
Además, esta investigación fue el parteaguas de decenas de casos revelados de estructuras criminales que operaban en el Estado guatemalteco.
Sin embargo, siete años después más de una decena de fiscales que investigaron este tipo de casos de corrupción han tenido que salir al exilio por presiones y persecución penal en su contra.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que investigó este caso, fue reestructurada y ahora es dirigida por Rafael Curruchiche, un fiscal que Estados Unidos sancionó quitándole la visa, acusado de fabricar casos contra operadores de justicia.
Incluso el Juez Miguel Ángel Gálvez quien envió a juicio al expresidente Pérez Molina, renunció a su cargo y se refugió fuera de Guatemala a inicios de noviembre de este año.
Después de que los 29 acusados sean escuchados por el tribunal, la jueza Valdez dará a conocer la fecha en la que dará a conocer si Pérez Molina y compañía son sentenciados o absueltos.
