San Sebastián de Ocú, Herrera, Panamá, (IICA).-
La Ley de Política Agroalimentaria de Estado de Panamá, diseñada para asegurar el derecho humano a la alimentación y proteger al sector productivo, ya está en vigencia en el país.
El presidente Laurentino Cortizo Cohen sancionó la norma en un acto que contó con la asistencia de cientos de agricultores de distintas regiones de Panamá y que tuvo como invitado especial al Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero, en atención a que el organismo hemisférico tuvo una relevante participación en el proceso de discusión y elaboración de la norma.
“Es un día histórico y de mucha emoción”, dijo Cortizo Cohen, quien subrayó que es la primera ley de este tipo en el continente y cobra una importancia extraordinaria en momentos en que la seguridad alimentaria está en el centro del debate, debido a la inflación global, la crisis climática y los duraderos efectos de la pandemia de Covid-19.
El presidente explicó que la ley busca crear las condiciones para que todos los panameños y panameñas puedan acceder en todo momento a alimentos sanos y nutritivos a precios accesibles. Al mismo tiempo, favorece la competitividad del agro, haciendo foco en la sostenibilidad económica, social y ambiental de la producción de alimentos y el bienestar de los habitantes de las zonas rurales.
La norma declara prioridad del Estado la producción agropecuaria nacional por su papel central para la estabilidad social, política y económica del país y como instrumento para asegurar el derecho humano a la alimentación adecuada de la población.
El mandatario consideró que la Ley de Política Agroalimentaria de Estado -aprobada de manera unánime por la Asamblea Nacional de Panamá en octubre pasado- marca un ejemplo a seguir por otros países, ya que establece políticas de Estado para favorecer la soberanía alimentaria.
El acto de sanción de la norma se realizó en la LXII Feria Turística y Agropecuaria de San Sebastián de Ocú, en la provincia panameña de Herrera, y contó con la participación del ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama; el ministro Consejero para Asuntos Agropecuarios de la Presidencia, Carlos Salcedo; y el representante del IICA en Panamá, Gerardo Escudero, entre otros miembros de organismos internacionales.
“No podemos privilegiar las importaciones de alimentos como hicimos en el pasado. Cuando se necesiten, podemos ponernos de acuerdo en qué productos hay que comprar afuera para complementar la producción nacional, pero no vamos a importar alimentos cuando están nuestros productores cosechando”, agregó Cortizo.
Otero, por su lado, explicó que la ley da previsibilidad al sector agropecuario de Panamá y fue redactada sobre la premisa de que no existe soberanía alimentaria sin agricultores y agricultoras que estén arraigados en las zonas rurales y puedan allí proyectar sus vidas y las de sus familias.
La ley es fruto de un proceso de discusión de más de dos años con el sector público y privado de Panamá, en el que el IICA prestó asistencia técnica. A partir de ahora el Instituto participará también en el diseño de la implementación de las políticas. Se prevé un portafolio de proyectos de inversión por más 1200 millones de dólares en los próximos diez años, con el foco puesto en la transformación tecnológica del agro y la afirmación de su rol como motor del desarrollo económico y social de Panamá.
Cuatro ejes de reformas
La Ley de Política Agroalimentaria de Estado impulsa cuatro ejes de reformas estructurales para el desarrollo multidimensional de la ruralidad en Panamá, como son: Reforma para uso de Agrotecnología y Cadenas Productivas de Valor; Reforma de Educación Agroalimentaria Integral; Reforma del Marco Jurídico del Sector Público y Modelo de Gestión y Reforma del Modelo de Bienestar para las Familias Rurales.
También se fijan los objetivos de fortalecer la política agropecuaria con la incorporación de ciencia y tecnología y de enfrentar los efectos del cambio climático. Se hace hincapié, además, en que la producción agropecuaria es indispensable no solo para la producción de alimentos sino también para la mejora de las condiciones de vida de la población campesina e indígena que vive en las zonas rurales.
El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en coordinación con el de Economía y Finanzas, será el encargado de construir el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Agropecuario y Rural, con una vigencia mínima de diez años, según determina la ley. Algunos de los objetivos que deberán estar incluidos en el Plan son la mejora de las condiciones de vida de los habitantes rurales; la promoción de la competitividad, la gestión eficiente de los territorios rurales y el fomento de la aplicación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
