San Salvador | EFE.-
La principal asociación de empresarios de El Salvador aseguró este lunes que no se opone al combate a la corrupción con la instalación de una comisión contra la impunidad similar a la guatemalteca sino al presunto «intervencionismo internacional».
El presidente del país, Nayib Bukele, aseguró recientemente que antes de cumplir cien días en el poder lanzará la Comisión Internacional Contra la Impunidad de El Salvador (Cicies).
«No nos oponemos al combate a la impunidad o corrupción. Sí al intervencionismo internacional sin control ni supervisión», señaló el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal, en declaraciones publicadas por la gremial en sus redes sociales.
El empresario aseguró que los «resultados» contra la corrupción de la Fiscalía General de la República «son, por bastante, mucho mejores» que los registrados por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
«Queremos y debemos fortalecer nuestras instituciones, y eso se logra exigiéndoles y apoyándolas, no sustituyéndolas», acotó el dirigente.
Bukele delegó al vicepresidente Félix Ulloa las gestiones para la creación de la entidad, que según la Vicepresidencia, será una «instancia autónoma que investigará los hechos de corrupción».
El mandatario, de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), dijo a Efe en marzo, durante una visita a Estados Unidos, que podría solicitar ayuda a las Naciones Unidas o a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En mayo pasado, dos organizaciones sociales señalaron que la discusión sobre dicha propuesta es «muy limitada y con poca información sobre los objetivos, alcances, límites, financiación y otros elementos que deben tenerse en consideración».
Desterrar la corrupción de la administración pública se convirtió en un punto de honor en la agenda de Bukele durante la campaña electoral, en la que criticó constantemente a los partidos de sus adversarios por su supuesta relación con casos de malversación de fondos públicos.
El expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009), que llegó al poder bajo la bandera de la de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y fue candidato presidencial de GANA en 2014, paga una condena de 10 años de prisión por el desvío y lavado de más de 300 millones de dólares.
El izquierdista Mauricio Funes (2009-2014), nacionalizado recientemente nicaragüense, es procesado por la supuesta malversación de más de 351 millones del presupuesto gubernamental.
Los casos de corrupción que implican a expresidentes, incluido el difunto Francisco Flores (1999-2004), suman más de 666 millones de dólares.
