Guatemala | EFE.-
En la imagen, el presidente del Congreso de Guatemala, Álvaro Arzú. EFE/Archivo
El presidente del Congreso de Guatemala, Álvaro Arzú, aseguró este miércoles que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) no puede limitar la facultad del ente legislativo de aprobar leyes, como la amnistía a los crímenes de guerra.
«Ninguna corte nacional y mucho menos una corte internacional pueden limitar el derecho constitucional de los diputados a presentar iniciativas de ley, discutirlas o aprobarlas», aseguró Arzú, del Partido Unionista -aliado al oficialismo- en sus redes sociales.
Esto se produce después de que la CorteIDH emitiera un fallo en el que pidió al Estado archivar este proyecto porque supone un «retroceso en la búsqueda de la verdad» y «un incumplimiento grave» de obligaciones internacionales.
«Guatemala es una República pero sobre todo es un país LIBRE, SOBERANO E INDEPENDIENTE», proclamó el presidente del Organismo Legislativo, que no menciona directamente a la Corte, pero que hace mención a esta resolución.
La iniciativa 5377 de enmienda a la Ley de Reconciliación Nacional, aprobada en segundo debate de los tres necesarios, podría aplicarse con carácter retroactivo, lo que permitiría que decenas de personas condenadas y encarceladas por graves violaciones de derechos humanos -entre ellas desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, violencia sexual y tortura- fueran puestas en libertad en 24 horas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales de derechos humanos han reiterado que las amnistías por crímenes de derecho internacional o violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con las obligaciones de los Estados de investigar, procesar y sancionar a los responsables de estos crímenes.
La Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala entró en vigor tras la firma de los Acuerdos de Paz de 1996, que ponían fin a un conflicto iniciado en 1960 y que duró 36 años.
El conflicto dejó unas 250.000 víctimas entre muertos y desaparecidos, además de más de un millón de desplazados internos, con el 93 por ciento de los crímenes atribuidos al Ejército y grupos paramilitares, el 3 por ciento a la guerrilla y el restante indefinido.
Guatemala, 13 mar (EFE).- El Congreso de Guatemala tenía previsto continuar este miércoles con la discusión de una polémica ley que pretende instaurar una amnistía para los crímenes de guerra pero la falta de quórum provocó que se levantara la sesión.
Con fotos de los muertos y desaparecidos de la guerra, rosas rojas y mensajes que clamaban por «la verdad, la memoria y la justicia», familiares y sobrevivientes del conflicto armado interno se congregaron frente al ente Legislativo y recibieron a los parlamentarios al grito de «sinvergüenzas».
Antes de llegar al punto 6 de la agenda, en el que estaba programado el tercer debate de las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, la Presidencia del Organismo Legislativo cerró esta sesión ordinaria por no estar presentes el mínimo de diputados requeridos (80 de 158).
Pero antes de ello, los congresistas mantuvieron una discusión sobre si procede o no esta aprobación después de que se conociera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió un fallo en el que pidió al Estado archivar este proyecto porque supone un «retroceso en la búsqueda de la verdad» y «un incumplimiento grave» de obligaciones internacionales.
El promotor de la iniciativa, el diputado conservador del Partido de Avanzada Nacional -aliado al oficialismo- Fernando Linares Beltranena, aseguró que el fallo «no ordena», sino que la Corte de una forma «muy cordial y educada» lo que hace es «pedir, solicitar y requerir» porque sabe «que no puede ordenar».
Asimismo, explicó que lo que se propone es aplicar la amnistía acordada en 1996, por lo que aseguró que la sentencia de la Corte «está equivocada» en su objeción al asegurar que se busca conceder una amnistía.
En contra de esta opinión se manifestaron los opositores Amilcar Pop (de Winaq), Walter Félix (de la exguerrilla URGN-Maíz), Nineth Montenegro (de Encuentro por Guatemala) y Raúl Romero (de Fuerza), pues todos coincidieron en que esta no es la mejor forma de buscar la reconciliación en el país.
Pop aseguró que la iniciativa es «violatoria a los derechos humanos y los derechos fundamentales» de cualquier persona y recordó que Guatemala «está obligada a observar las resoluciones de la ilustre Corte».
Félix fue más allá y aseguró que hay una «insistencia obsesiva» por aprobar este contenido que es «inconstitucional y violatorio a los derechos humanos» y recordó que diversos organismos nacionales e internacionales han manifestado esta oposición, como hizo este mismo miércoles el grupo de países donantes, conocido como G13.
Montenegro, jefa de la bancada Encuentro por Guatemala y cuyo esposo desapareció en la época de la guerra (en el año 1984), dijo que la aprobación del proyecto podría traer «problemas de aislamiento internacional» y aunque reconoció la necesidad de «reconciliar el país» pidió que sea a través de un mecanismo «idóneo» que involucre a todas las partes.
Esta opinión fue compartida por Romero, quien proclamó que el país no puede «seguir transitado por el camino del odio y el enfrentamiento», sino que tiene que buscar la reconciliación nacional eliminado barreras como la desigualdad, la desnutrición, la falta de salud y educación o el hambre.
Mientras estas problemáticas existan, arguyó, «no va a haber conciliación nacional».
La iniciativa 5377 de enmienda a la Ley de Reconciliación Nacional podría aplicarse con carácter retroactivo, lo que permitiría que decenas de personas condenadas y encarceladas por graves violaciones de derechos humanos -entre ellas desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, violencia sexual y tortura- fueran puestas en libertad en 24 horas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales de derechos humanos han reiterado que las amnistías por crímenes de derecho internacional o violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con las obligaciones de los Estados de investigar, procesar y sancionar a los responsables de estos crímenes.
La Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala entró en vigor tras la firma de los Acuerdos de Paz de 1996, que ponían fin a un conflicto iniciado en 1960 y que duró 36 años.
El conflicto dejó unas 250.000 víctimas entre muertos y desaparecidos, además de más de un millón de desplazados internos, con el 93 por ciento de los crímenes atribuidos al Ejército y grupos paramilitares, el 3 por ciento a la guerrilla y el restante indefinido.
