Tegucigalpa | EFE.-
El asueto de una semana que están terminando de disfrutar los hondureños no lo fue para el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y su familia, por la nueva implicación a él en temas asociados al narcotráfico, caso por el que un hermano suyo, Juan Antonio Hernández, enfrenta un juicio en Nueva York.
Los señalamientos más recientes contra el mandatario comenzaron el miércoles, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. aseguró tener pruebas de que él y su hermano, el exdiputado Juan Antonio Hernández, a quien se juzga por varios delitos en Nueva York, recibieron dinero del narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán.
El hermano del gobernante, preso en Nueva York desde finales de 2018 tras ser arrestado ese año en Miami, está acusado de cuatro delitos de narcotráfico, posesión de armas de fuego y de mentir a las autoridades, cargos de los que se ha declarado no culpable.
El juicio contra Juan Antonio comenzó el miércoles y era esperado por muchos hondureños, principalmente de la oposición, que aseguran que el presidente no desconocía las actividades ilícitas de su hermano y le exigen que renuncie al cargo de gobernante.
La Fiscalía aseguró en Nueva York que presentará en el juicio pruebas que demuestran que el exdiputado Juan Antonio Hernández recibió del «Chapo», entonces líder del cartel de Sinaloa, un millón de dólares para ser entregados al presidente de Honduras.
El jueves, en la continuación del juicio, el narcotraficante hondureño Víctor Hugo Díaz Morales, alias «El Rojo», testigo de la Fiscalía de EE.UU. y que cumple condena en Nueva York, vinculó al presidente y a su hermano Juan Antonio con el tráfico de drogas.
«El Rojo» aseguró que dio 40.000 dólares en 2005 a Juan Antonio para la campaña electoral a diputado de su hermano Juan Orlando.
El viernes, «El Rojo» aseguró en el juicio, a continuarse el lunes, que en 2009 pagó 100.000 dólares en sobornos para la elección a la presidencia de Honduras de Porfirio Lobo (2010-2014), y la reelección del entonces congresista Juan Orlando Hernández.
Al conocer el presidente Hernández la afirmación de la Fiscalía de Nueva York, en el sentido de que él y su hermano Juan Antonio recibieron dinero del «Chapo» Guzmán, respondió que no es seria.
«De hecho, el fiscal no dijo eso, nunca dijo que el Presidente recibió nada», indicó Juan Orlando Hernández en Twitter.
En un segundo mensaje, señaló: «Y la alegación en sí es 100 % falsa, absurda y ridícula… esto es menos serio que Alicia en el País de las Maravillas».
El jueves, el mandatario, quien el 27 de enero de 2018 dio comienzo a su segundo mandato entre protestas de la oposición, que aduce se reeligió mediante un fraude en los comicios generales de noviembre de 2017, expresó que confía en la imparcialidad de la justicia de EE.UU. y que estos días estarán llenos de «alegaciones absurdas basadas en mentiras».
«Confiamos en la imparcialidad y seriedad de la justicia norteamericana, que se podrá separar la fantasía de la verdad y podrá dirigir el juicio de manera acertada para evitar que se convierta en un linchamiento público sin aplicación real del derecho», indicó Hernández en la Casa Presidencial en Tegucigalpa.
Añadió que en los próximos días «se van a desprender una serie de historias casi novelescas provenientes de narcotraficantes, que ven en este juicio contra mi hermano la oportunidad ideal de atacar a la persona responsable de que hayan sido extraditados y estén encarcelados en prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos».
El expresidente Lobo, también implicado por «El Rojo», dijo que desmentía «categóricamente lo que este ciudadano ha dicho».
«Yo no sé ni quién es, jamás en mi vida lo he visto por ningún lado, no lo conozco y es completamente falso lo que él ha declarado», subrayó Lobo, quien desde hace cinco años tiene un hijo preso en Estados Unidos, acusado de narcotráfico.
Lobo también tiene presa y condenada a su esposa, Rosa Elena Bonilla, acusada en 2018 por corrupción, cuando fue primera dama.
Honduras vive ahora las consecuencias de la impunidad que ha imperado contra el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado, con un tráfico de drogas que comenzó a asomar a mediados del decenio de los 70 del siglo pasado, cuando gobernaban de facto los militares, a quienes la cocaína también le salpicó la fatiga a oficiales de bajo y alto grado, pero la justicia no hizo lo suyo.
Con los años los narcotraficantes se fueron asentando en sitios estratégicos con sus carteles y comenzaron a comprar impunidad para trasladar sin obstáculos la droga desde el departamento de Gracias a Dios, al este, en el Caribe, hasta los departamentos de Copán y Ocotepeque, fronterizos con Guatemala.
En la era democrática, que inició en 1982, gradualmente fueron trascendiendo versiones extraoficiales, en el presente siglo, que el narcotráfico financiaba campañas de políticos para cargos de elección popular, sin que ninguna autoridad investigara nada.
En marzo de 2003, Estados Unidos, a través de su entonces embajador en Tegucigalpa, Larry Palmer, expresaba que el esfuerzo para combatir el narcotráfico en el país era «escaso».
En esos años, según Palmer, por Honduras pasaban de 80 a 100 toneladas de cocaína al año, pero «no se intercepta nada».
Durante la administración de Juan Orlando Hernández se han dado duros golpes al narcotráfico como el desmantelamiento de los Valle Valle y los Cachiros, además de haber entregado en extradición a Estados Unidos a una veintena de narcotraficantes, mientras que otros se han entregado voluntariamente a ese país.
Pero, aunque en menos proporciones, la droga, procedente de América del Sur sigue pasando por Honduras, que, además, sufre de otros flagelos como la pobreza de la mayoría de sus 9,3 millones de habitantes, el desempleo, la violencia criminal, la injusticia, la corrupción y la impunidad.
Todos estos fenómenos se están incrementando desde el retorno a la democracia, lo que evidencia que la clase política de muy poco le ha servido al país y su gente.
