Guatemala | EFE.-
Al menos cinco personas fueron detenidas este miércoles en Guatemala vinculadas al desfalco de más de 26,19 millones de quetzales (3,7 millones de dólares) al Banco de los Trabajadores para el beneficio de la campaña del expresidente Otto Pérez Molina en 2011.
En cinco allanamientos realizados este día, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad coordinó la aprehensión de Gerson Alfredo Monterroso, Loida Eunice Valdéz, Carlos René Paredes y Marlon Renato Diéguez, por el delito de lavado de dinero y otros activos; además de Carlos Roberto Canteo, por la supuesta comisión de peculado y lavado de dinero y otros activos.
Además, la entidad presentó dos antejuicios (procesos de desafuero) contra los diputados Estuardo Galdámez (del oficialista Frente de Convergencia Nacional) y Haroldo Quej Chen (del socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza) por su supuesta participación en el desfalco.
La Fiscalía también solicitó la detención del expresidenciable Alejandro Sinibaldi, prófugo desde 2016; del exvicepresidenciable Mario Leal Castillo, también prófugo desde enero de 2018, además de Vinicio Rodríguez Barrientos y Marie Odette Liu Yon, cuyo paradero se desconoce desde octubre de 2016.
El Ministerio Público aseguró que gestionará la difusión roja en la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para la captura de José Antonio Porras Méndez, quien es buscado por lavado de dinero u otros activos.
El caso ha sido denominado «Arca», como se llama la entidad de estrategias e inversiones para sustraer el dinero a beneficio del Partido Patriota (PP), que postuló al expresidente Pérez Molina y a su compañera de fórmula Roxana Baldetti en 2011, ambos en prisión preventiva por otros casos de corrupción.
Según la investigación preliminar hubo un «desvío de fondos correspondiente al retorno sobre volumen de comisión de medios publicitarios» que fueron sustraídos del Banco de los Trabajadores «por intermedio de terceros y para cubrir otros gastos de las personas que administraban la entidad, algunos con relación laboral en la entidad bancaria».
El análisis financiero del caso encontró que las cuentas de la sociedad Arca colocó algunos recursos con cheques por valor de 525.000 quetzales (67.654 dólares) a la entidad «de papel» Avanzando al Progreso, S.A., la cual fue creada «exclusivamente para recaudar fondos para financiar la campaña electoral del PP en 2011».
En la información del Caso Arca, compartida por la Fiscalía este miércoles, se asegura que Avanzando al Progreso fue una entidad «de papel que nunca desarrolló una actividad comercial real», cuyas facturas emitidas «son aparentemente ilícitas» y «utilizadas para encubrir las donaciones y aportes a la campaña electoral».
Esta entidad de «papel» estaba vinculada al exvicepresidenciable Mario Leal Castillo, quien en 2011 era miembro de la organización metropolitana del Patriota y que participó en la elección de 2015 en la boleta junto a la exprimera dama Sandra Torres en el partido Unidad Nacional de la Esperanza.
Hubo financistas de la campaña del Partido Patriota que, «a sabiendas de tratarse de un canal paralelo», donaron fondos a Avanzando al Progreso, por lo que quienes lo hicieron «desatendieron las obligaciones de ley en el tema del financiamiento de los partidos políticos».
Algunos de estos pagos por publicidad para el PP fueron «a petición del entonces candidato a la alcaldía municipal de la Ciudad de Guatemala por esa organización política», Alejandro Sinibaldi Aparicio, quien en 2012 fue nombrado ministro de Comunicaciones en el Gabinete de Pérez Molina.
Otra entidad mercantil llamada Seguridad ASA, que está vinculada a Sinibaldi según el Ministerio Público y que también fue receptora de recursos de otros financiastas de la campaña del Patriota, «trasladó recursos para gastos de campaña electoral o propagandísticos», de afiliados al partido y cuyos aportes tampoco fueron registrados.
Además de los cinco detenidos por lavado y peculado y los otros cinco prófugos, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, que lidera el fiscal Juan Francisco Sandoval, citó a primera declaración a 13 personas, entre las que destacan Sergio Aníbal Hernández y Ronald García Navarijo, ambos exdirectivos del Banco de los Trabajadores y ligados a proceso en otra causa penal, desde 2015.
Por su parte, el banco publicó un comunicado en el que aseguró que continúan colaborando con los órganos jurisdiccionales competentes y que se ha constituido como querellante adhesivo en procesos penales desde 2017.
