San José | EFE.-
El Congreso de Costa Rica aprobó este lunes una polémica reforma al sistema de empleo público que es repudiada por los sindicatos y que es uno de los compromisos que el Ejecutivo propuso como parte de un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional.
El plan fue aprobado en segunda y definitiva votación en el Congreso, con 39 votos a favor, uno más de la mayoría calificada que se necesitaba, mientras que 13 legisladores votaron en contra.
La votación se produjo este lunes luego de que el pasado jueves la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia entregó al Congreso el fallo en el que determinó que la iniciativa no contiene inconstitucionalidades de forma ni de fondo.
La iniciativa establece un salario global para el sector público que pretende eliminar las distorsiones salariales entre instituciones en puestos iguales, y además reduce el pago de pluses salariales.
La ley también impide negociar ciertos aspectos salariales en convenciones colectivas.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, quien firmará la ley en los próximos días para su entrada en vigencia, agradeció a los diputados la aprobación, pues considera que la iniciativa es «una reforma estructural necesaria».
«Es un importante paso que impulsará igualdad para que las personas del sector público que ejercen la misma función tengan igual remuneración, haya más justicia entre quienes trabajan en el sector público y privado, y exista un mejor control del gasto público», dijo.
Según los cálculos oficiales, Costa Rica ahorrará un 0,8 % del Producto Interno Bruto (PIB) en gastos del Gobierno central y un 0,6 % del PIB en los del sector público.
El sector público representa el 15 % del empleo total de Costa Rica y consume el 50 % de los gastos del Gobierno.
La reforma al empleo público, que busca equiparar salarios para puestos similares en las instituciones del Estado, reducir el pago de anualidades y pluses salariales, así como pagar incentivos por rendimiento, es una pieza clave del acuerdo que Costa Rica suscribió en 2021 con el FMI.
El compromiso de Costa Rica para recibir 1.778 millones de dólares del FMI a lo largo de 3 años es eliminar el déficit primario en el año 2023 y bajar la deuda al 50 % del PIB en 2035.
Para ello propuso una serie de iniciativas como la reforma al empleo público, la cual es rechazada por los sindicatos que consideran que los trabajadores estatales han sido golpeados en los últimos años por la reforma fiscal de 2018 y las políticas de austeridad del actual gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022).
El acuerdo con el FMI también tiene otros proyectos polémicos como es el caso de un impuesto a las «casas de lujo», cuyo valor es superior a los 200.000 dólares, y la creación de un impuesto de renta global dual que unifique varios esquemas tributarios.
El Gobierno sostiene que el acuerdo con el FMI le permitirá acceder a fondos en mejores condiciones y además elevará la credibilidad del país ante otros organismos financieros internacionales para conseguir créditos a mejores tasas y plazos.
Costa Rica cerró el año 2021 con un déficit fiscal de 5,18 % del Producto Interno Bruto (PIB), inferior al del 2020 que fue del 8,03 %, mientras que el déficit primario fue del 0,28 % del PIB.
Sin embargo, la deuda siguió en ascenso y se ubicó en el 70,37 % del PIB en 2021.
