San Salvador | EFE.-
Una corte de Instrucción de El Salvador decidió cambiar la medida de detención provisional contra el militar Joaquín Arnildo Cerna Flores, procesado penalmente por su participación en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas -cinco de ellos españoles- y dos colaboradoras en 1989 en el contexto del conflicto interno.
El abogado del implicado, Lisandro Quintanilla, señaló este miércoles a periodistas que el Juzgado Segundo de Instrucción brindó la resolución de una audiencia especial de revisión de medidas en la que la defensa solicitó el cambio bajo el argumento de problemas de salud y la edad del acusado.
El letrado explicó que «se han otorgado medidas sustitutivas a la detención al coronel Cerna, imponiéndole dos medidas: presentarse (al juzgado) una vez al mes y la restricción de no salir del país».
La medida de la detención provisional contra el militar fue decretada en marzo pasado por el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador.
Cerna actualmente no está detenido pero sí existe una orden de captura en su contra, es por ello que su defensa solicitó anular dicha orden y decretar medidas sustitutivas a la detención.
Son 13 personas, entre ellas Cerna, el general retirado Rafael Bustillo y expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), las señaladas de participar en el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas.
Además también son señalados los militares Juan Orlando Zepeda Herrera y Nelson Iván López López.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), un comando élite del Ejército ejecutó a los religiosos y a dos mujeres en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).
La anulación de una ley de amnistía de 1993, por un fallo constitucional de 2016, permitió que una corte de paz ordenará en 2017 la reapertura del proceso a petición de la UCA.
Por este crimen únicamente está encarcelado en El Salvador el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión en 1991, mientras que la Audiencia Nacional de España condenó en 2020 al exviceministro de Seguridad Pública Inocente Montano a 133 años y cuatro meses de prisión.
Las víctimas fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López, la trabajadora de la UCA Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos.
