Tegucigalpa | EFE.-
La corrupción es una de «las amenazas más graves» para el Estado democrático de Honduras y frena su desarrollo económico y social, dijo en una entrevista con Efe el Comisionado hondureño de los Derechos Humanos, Roberto Herrera.
La corrupción debe «frenarse» porque es una de «las amenazas más graves» para el Estado democrático de derecho y el goce efectivo de los derechos humanos, subrayó Herrera.
«La lucha debe ser frontal» y con un enfoque de derechos humanos, porque si no se combate la corrupción, esas garantías «no se satisfacen y esto se agrava, porque esto tiene costos sociales», que abonan a que aumente la pobreza y los servicios públicos sean «menos eficiente, de mala calidad y no progrese en función del aumento de la población», enfatizó.
Instó al Gobierno de Juan Orlando Hernández y a la ciudadanía a no olvidar que la lucha contra la corrupción y la impunidad «no es un fin en sí mismo, sino un puente para ir hacia el desarrollo sostenible» y «el mejoramiento progresivo de la calidad de vida».
LA SOCIEDAD DEBE PARTICIPAR
Para este abogado, la sociedad debe «participar mucho» en la elaboración de «estrategias efectivas» en el combate contra la corrupción, que le ha robado unos 10.300 millones de dólares a los hondureños entre 2014 y 2018, según cifras del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh, privado).
La cifra de dinero público que se llevó la corrupción en Honduras entre 2014 y 2018 representa entre el 10 % y 12,5 % del producto interno bruto (PIB).
La sociedad debe actuar como «veedora» del Estado en la lucha contra este flagelo, considerado como uno de los mayores problemas de Honduras, señaló Herrera.
FORTALECER EL ESTADO DEMOCRÁTICO
El defensor del pueblo hondureño destacó la importancia de fortalecer «la efectividad» del Estado democrático de derecho, el cual tildó como «bastante débil», y asegurar la protección y el respeto de los derechos humanos.
Agregó que el país centroamericano no puede luchar solo contra la corrupción, por lo que necesita «cooperación técnica de calidad y cooperación internacional» para afrontar este flagelo.
«La corrupción es un fenómeno trasnacional (…), es un sistema ya estructurado a nivel nacional que tiene vinculaciones internacionales a través del lavado de dinero, además está relacionado con áreas de drogas y criminalidad organizada», enfatizó.
Herrera considera que Honduras tiene «a la mano» la cooperación internacional que requiere para encarar la corrupción y recomendó a las autoridades la apertura de una Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, en inglés) en el país, para «respaldar el esfuerzo nacional» contra ese fenómeno.
ABRIR SEDE DE LA UNODC
En su opinión, abrir una sede de la UNODC en Honduras «es factible» puesto que «están dadas» las condiciones, solo falta que el Estado haga la solicitud y que la comunidad internacional apoye con la financiación.
La lucha contra la corrupción y la impunidad requiere además «preparar a hondureños» en la materia, señaló el ombudsman hondureño, que recordó que su país es parte de la Academia Internacional contra la Corrupción, situada cerca de Viena (Austria).
Enfatizó que el combate contra esos dos flagelos es «un medio» para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y alcanzar un desarrollo sostenible.
El organismo promueve desde 2016 un programa denominado «Municipios de Bienestar Solidario», presente ya en 36 de los 298 municipios del país, con el fin de impulsar el desarrollo local sostenible de las comunidades.
El Comisionado de Derechos Humanos dijo que en el Protocolo de Tegucigalpa, firmado el 13 de diciembre de 1991, se establece que la lucha contra la corrupción y la impunidad «es necesaria para asegurar el desarrollo de Centroamérica».
HONDURAS «NO ESTÁ BIEN» EN DD.HH.
La corrupción es una «amenaza muy severa» que «no nos permite desarrollarnos», enfatizó Herrera, quien dijo que «muchas limitaciones» de la región se deben a este flagelo.
Aseguró que Honduras «no está bien» en materia de derechos humanos, y lamentó que en algunos casos se tienen «alarmantes niveles de impunidad».
Herrera señaló que la lucha contra la corrupción y la impunidad debe ser «simultanea» porque «se retroalimentan».
El organismo estatal reportó entre 2014 y 2019 cerca de 60.000 denuncias de personas afectadas en sus derechos humanos.
