San José, (IICA).-
Políticas públicas robustas y marcos regulatorios favorables basados en ciencia, instrumentos financieros adecuados, innovación tecnológica y digital, alianzas público-privadas, capacitación, asistencia técnica, y acceso a mercados, son herramientas cruciales para impulsar la movilización de recursos económicos para una agricultura sostenible en América Latina y el Caribe, afirmaron expertos y líderes globales en una mesa redonda de alto nivel.
El evento denominado “Movilización de recursos financieros para la agricultura sostenible”, fue organizado en San José, Costa Rica, por el Comité Asesor de Negocios e Industria (BIAC por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Bayer y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
Reunió a miembros de Business at OCDE (BIAC), el brazo institucional empresarial en la OCDE, que representa a 10 millones de empresas en todo el mundo, representantes de la agroindustria, organizaciones agrícolas, de cooperación técnica, responsables políticos e instituciones financieras, entre otros, con el objetivo de identificar soluciones prácticas que impulsen la inversión a largo plazo en la agricultura sostenible, garantizando sistemas alimentarios más resistentes y productivos en todo el mundo.
La apertura del encuentro estuvo a cargo de Hanni Rosenbaum, Directora Ejecutiva del Comité Asesor de Negocios e Industria de la OCDE; Lloyd Day, SubDirector General del IICA; y Elías Soley, Embajador y Representante Permanente de Costa Rica ante la OCDE.
“Debemos garantizar que los agricultores puedan acceder a los recursos financieros que necesitan para la transición hacia prácticas más sostenibles. Nuestra capacidad para movilizarlos de manera eficaz determinará cómo construimos sistemas alimentarios resilientes, empoderamos a las comunidades rurales y fomentamos la sostenibilidad agrícola a largo plazo”, resaltó Rosenbaum.
“Urge innovación tecnológica y la agricultura digital será clave para proporcionar las herramientas que necesitan para hacer que las prácticas agrícolas sean sostenibles y más productivas”, acotó.
Soley destacó la necesidad de “políticas públicas basadas en la ciencia y en datos para avanzar hacia una agricultura sostenible”. “Si bien el apoyo público a la agricultura ha aumentado, aún existe un enorme potencial para incrementar inversiones que fortalezcan servicios esenciales como la investigación, la tecnología y la infraestructura. Movilizar inversiones públicas y privadas es esencial para impulsar la transformación agrícola, fomentar la resiliencia climática y garantizar un crecimiento económico inclusivo”, afirmó.
“Consideramos el financiamiento un tema fundamental para garantizar los recursos necesarios para que los productores puedan continuar produciendo los alimentos, desarrollando innovación, ciencia y tecnología. Estos espacios de diálogo son clave para la construcción de soluciones conjuntas que hagan realidad la movilización de financiamiento para los productores de nuestra región”, complementó el Subdirector General del IICA.
En la mesa redonda de alto nivel participaron Víctor Carvajal, Ministro de Agricultura de Costa Rica; Marion Jansen, Directora de Comercio de la OCDE; Eugenio Diaz-Bonilla, especialista en sostenibilidad y Asesor Especial del IICA; José Perdomo, Presidente y Director General de CropLife LATAM; y Luis Pocasangre, Director General del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE).
La conversación fue moderada por Alejandra Castro, Vicepresidenta de Asuntos Internacionales y Estrategia de Sostenibilidad, Bayer AG.
Acciones y desafíos
“En Costa Rica hoy podemos decir que nuestros agricultores no deforestan, tienen prácticas ambientales responsables, tenemos estándares elevados y suficientes datos para demostrar que más bien forman parte de la solución para tener un ecosistema mejor”, indicó el ministro Carvajal, al tiempo que explicó que este año iniciaron con mecanismos financieros para el escalamiento de Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación (NAMAs) en ganadería, café y caña de azúcar, promoviendo la adaptación al cambio climático, y un programa de crédito con tasas de interés del 4% a través de banca para el desarrollo, para la implementación de tecnologías sostenibles por parte de los productores, para una transición a prácticas más amigables con el ambiente.
Marion Jansen, directora de Comercio de la OCDE, enfatizó la necesidad de políticas públicas que introduzcan tecnologías eficientes y fomenten la innovación. Además, destacó la importancia de certificaciones para garantizar el acceso a mercados globales. “Se requiere conocimiento, políticas públicas que ayuden a los agricultores para que los países introduzcan tecnologías, investigación, y plataformas más eficientes para el agro, buenas para la productividad y sostenibilidad, tenemos el liderazgo para producir el cambio”, argumentó.
Eugenio Diaz-Bonilla, especialista en sostenibilidad y Asesor Especial del IICA, destacó en su intervención, los principales flujos de financiamiento para la seguridad alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe: el financiamiento del consumo y la producción de alimentos; el gasto público; los flujos internacionales de desarrollo; y el financiamiento proveniente del sistema bancario y los mercados de capitales; y enfatizó la necesidad de reorientar estos recursos hacia tecnologías sostenibles que aborden los retos ambientales, nutricionales y productivos actuales.
A su vez, José Perdomo, Presidente y Director General de CropLife LATAM, puso el foco en que la industria de la ciencia de los cultivos invierte más de 8,000 millones de dólares anuales en investigación para desarrollar tecnologías e insumos agrícolas como semillas, químicos biológicos, entre otros, que aumenten la productividad agrícola y garanticen la seguridad alimentaria; pero que enfrentan desafíos regulatorios cada vez más complejos que ralentizan la innovación.
“La industria agroquímica es la más regulada del mundo, inclusive más que la farmacéutica. Necesitamos regulaciones que nos permitan innovar, una protección de la propiedad intelectual que incentive a las compañías a seguir invirtiendo. Necesitamos una agricultura sustentable, una protección a la biodiversidad y heredar a nuestras generaciones un mundo mejor, y creemos firmemente que la tecnología y la innovación es parte de la llave, tenemos que buscar cómo encaminarla, cómo financiarla para poder darle acceso a ella a los agricultores”, aseveró.
En tanto, Luis Pocasangre, Director General del CATIE, ponderó que es clave poner en el centro de cualquier proceso la participación activa de los productores, ya que al final son estos quienes se encargan de la implementación de buenas prácticas sostenibles, y ahí es donde radica el éxito agrícola.
“La innovación y la tecnología, como el mejoramiento genético, son esenciales para enfrentar los desafíos del sector, asimismo, la cooperación entre gobiernos, sector privado e instituciones de investigación para garantizar financiamiento y acceso a tecnologías. La mecanización y modelos productivos adaptados al cambio climático son urgentes para mitigar la falta de mano de obra y reducir riesgos, y finalmente, fortalecer cooperativas, capacitar a mujeres rurales y apoyar a comunidades indígenas garantizará una agricultura sostenible y rentable”, concluyó.
Esta mesa de diálogo forma parte de la campaña Paz por la Alimentación, lanzada por el Comité Asesor de Negocios e Industria de la OCDE en 2022. Esta es una plataforma global dedicada a abordar los retos de la seguridad alimentaria mediante el fomento de la innovación agrícola sostenible y el fortalecimiento de las cadenas de valor agroalimentarias.
La iniciativa reúne a las partes interesadas internacionales para mejorar las contribuciones empresariales al trabajo agrícola de la OCDE, demostrando un fuerte compromiso con el logro de los objetivos de sostenibilidad global.
A través de este evento además se buscó explorar la importancia de movilizar recursos financieros para el desarrollo de la agricultura regenerativa con las principales partes interesadas y la OCDE; identificar soluciones concretas y asociaciones para apoyar iniciativas de agricultura sostenible; mejorar la colaboración entre los gobiernos, el sector privado y las organizaciones internacionales para promover el desarrollo de la agricultura sostenible; y elevar la importancia de los temas agrícolas en las discusiones globales, entre otras.
