San Isidro Labrador (El Salvador), EFE.-
Los pobladores del departamento de Chalatenango, en el norte de El Salvador, conmemoraron este sábado el 40 aniversario de la masacre de cientos de civiles a manos del ejército y la desaparición forzada de más de 150 niños, hechos que siguen en la impunidad.
Estos asesinatos y desapariciones se registraron en 1982 y fueron perpetrados por miembros de los batallones Ramón Belloso y Atlacatl durante una operación conocida popularmente como la «guinda (escape o carrera) de mayo» en el marco de la guerra civil (1980-1992).
«Para esta población es muy importante traer ahora, al presente, traer de vuelta a los que ya no están, a los que se llevó el río, a los que mataron, a los niños desaparecidos para conmemorar, para darle nuevamente vida», dijo a Efe el director de la organización humanitaria Pro-Búsqueda, Eduardo García.
Unas 300 personas llegaron hasta la remota localidad de San Isidro Labrador para recortar estos hechos con una acto ecuménico y cultural.
García recordó que las investigaciones de Pro-Búsqueda dan cuenta de más de 150 niños desaparecidos por las Fuerzas Armadas «y en ese momento se negó lo ocurrido, después se minimizó y por último se intenta olvidar, se intenta justificar de que era necesario porque esos niños podían ser incluso guerrilleros».
Destacó que en esta operación, que involucró a miles de soldados, «es donde tenemos el mayor registro de niños y niñas desaparecidas en todo el conflicto armado».
También lamentó que el Estado no ha cumplido en totalidad una sentencia de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por la desaparición de las hermanas Serrano Cruz y que han pasado 28 años desde que se abrió un proceso en un tribunal de primera instancia, sin que este haya avanzado.
«Han pasado 8 fiscales de la República y ninguno ha activado ese caso, a pesar de ser de obligado cumplimiento», subrayó García.
En la víspera del aniversario, Pro-Búsqueda llamó a la CorteIDH y Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «a dar un seguimiento integral de los casos sentenciados del conflicto armado y a tomar medidas que aseguren el cumplimiento de las órdenes en los tiempos estipulados».
La guerra salvadoreña, que enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), dejó un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
UN PRESENTE SIMILAR
García dijo a Efe que la situación bajo la que desaparecieron estos cientos de menores de edad tiene similitudes con la actualidad del país bajo régimen de excepción desde finales de marzo.
«Ahora tenemos capturas indiscriminadas, hay más de 35.000 personas, muchas de ellas inocentes, guardando prisión» y «se está minimizando» que pueden ser el 1 % del total, agregó el defensor de derechos humanos.
Indicó que las acciones contra personas inocentes «las estamos volviendo a justificar, como hicimos en el pasado».
«Yo sí estoy viendo esas similitudes tan grandes entre lo que produjeron los gobiernos del pasado y lo que este está replicando al pie de la letra», subrayó.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y organizaciones humanitarias, como Cristosal y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), han recibido más de 1.400 denuncias de violaciones a derechos humanos.
El régimen de excepción fue aprobado y prorrogado en dos ocasiones por el Congreso, a solicitud del Gobierno de Nayib Bukele, tras una escalada de homicidios.
Según una investigación del medio El Faro, el alza de violencia fue una respuestas de las pandillas tras la supuesta ruptura de una pacto con el Gobierno.
El Ejecutivo de Nayib Bukele no ha negado ni aceptado estos señalamientos, similares a los hechos por Estados Unidos en diciembre pasado, cuando sancionó a dos funcionarios que «dirigieron, facilitaron y organizaron» una serie de encuentros con líderes de la pandilla encarcelados.
