Bogotá | EFE.-
Al asesinato de nueve líderes sociales en este comienzo de año electoral se le ha sumado en Colombia una serie de masacres que muestran una «degradación de la violencia», según alertaron este domingo diversas organizaciones.
Una de las víctimas es Breiner Cucuñame, que tenía 14 años y quería ser guardia indígena; de hecho, cuando no atendía la escuela, patrullaba con los mayores con su pañoleta roja y verde, los colores identificativos de quienes cuidan los resguardos.
El pasado 14 de enero, miembros de la columna Jaime Martínez, uno de los múltiples grupos de disidencias de las FARC, le pegaron un tiro; durante el ataque también murió Guillermo Chicame, otro guardia indígena, y el episodio no acabó en masacre porque miembros de la Unidad Nacional de Protección (UNP) repelieron el ataque.
«La guardia indígena se ha caracterizado por ser la organización que defiende el territorio frente a cualquier interés que va en contra de las comunidades y es, en ese sentido, el primer eslabón que se encuentra una organización armada como la Jaime Martínez que trata de imponer su orden y mantener el negocio del narcotráfico», explicó a Efe el coordinador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Leonardo González.
Indepaz ha registrado hasta la fecha nueve asesinatos de líderes sociales en 2022, los mismos que la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
A Breiner y a Guillermo se le sumaron el 17 de enero Luz Marina Arteaga, una líder campesina, médica y reclamante de tierras que fue desaparecida cinco días antes y cuyo cuerpo apareció a orillas del río Meta, y Mario Jonathan Palomino, profesor de escuela de 35 años, defensor ambiental, asesinado en Carmen de Viboral (Antioquia).
«El 2022 inició con graves afectaciones en contra de líderes y lideresas sociales a lo largo del país», aseguró Pares en un informe este domingo: «El escenario muestra una degradación de la violencia que debe alertar tempranamente a toda la comunidad internacional».
UNA MASACRE CADA DOS DÍAS
Las cifras de 2021, aunque inferiores a las de 2020 en términos de asesinatos de líderes sociales (171 según Indepaz, 145 según la Defensoría del Pueblo y 78 según la ONU), siguen alertando, sobre todo en el caso de las masacres, que sí fueron superiores a las de 2020 y se cometieron 96 con 335 víctimas.
Este año sigue la misma tendencia: en 20 días se han cometido 10 masacres, según Indepaz. Se trata de miembros de una familia que son asesinados en mitad de una vía, como ocurrió en Ocaña (Norte de Santander) el 20 de enero, o que son sacadas de su vivienda en medio de la noche para ser asesinadas, como pasó en la zona rural de El Paraíso (Putumayo, sur).
En ese caso, una de las personas, Wilson Costez, era presidente de una Junta de Acción Comunal, un líder como Nilson Gil, que fue asesinado en otra masacre junto a una niña de 11 años y un joven el 17 de enero en el municipio de Medio San Juan (Chocó, noroeste).
«Los líderes (comunales) o presidentes de JAC son quienes principalmente han sido objeto de estas violencias políticas de estos grupos precisamente por ser los primeros eslabones organizativos», subrayó a Efe Diego Alejandro Restrepo, analista de Pares.
Igual que se asesina a estos líderes «para que sea más fácil para los grupos armados ejercer su control», las masacres se cometen como un tipo de «violencia que impacta en lo simbólico y que atemoriza al enemigo y a la población civil», explicó Restrepo.
Es una forma, ya no de establecer control territorial de los grupos armados, sino de «intentar imponer normas, lógicas», añade González desde Indepaz. «La práctica de las masacres lo que quiere es dejar un escarmiento», subrayó.
LUCHA POR EL CONTROL
Desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, grupos que quedaron al margen de ese acuerdo como la guerrilla del ELN o el Clan del Golfo (heredero de los paramilitares) comenzaron una disputa por el territorio y el control de actividades como la minería ilegal o el narcotráfico a la que se han sumado otros que se salieron del acuerdo.
Esto ha desembocado en este comienzo fatal de año, donde «no es que haya una orden a nivel nacional porque ningún grupo tiene dominio nacional», dice González, pero el terreno está abonado para que la violencia siga multiplicándose.
La respuesta del Gobierno es «una política de seguridad casi inexistente, desestructurada y que replica las mismas lógicas militaristas que no han funcionado históricamente en Colombia», como define Restrepo.
El 2022 es, además, año electoral en Colombia, con lo que se espera que la violencia pueda aumentar en las próximas semanas, ya que, como aseguran desde Pares, «la violencia sigue siendo un mecanismo de competencia política».
«Hemos encontrado que hay en muchos casos alianzas entre clanes políticos, grupos de seguridad privada, grupos armados que operan en los territorios y fuerza pública, que hace que quienes constituyan una amenaza para su privilegio político, sean considerados como objetivos militares y sean eliminados de forma violenta», apuntó el analista de esta organización.
Aunque estas masacres y asesinatos de las últimas dos semanas no parecen tener que ver con la violencia electoral, el observatorio de Pares sí ha contabilizado 140 víctimas de violencia electoral hasta el 16 de diciembre, 16 de ellas asesinadas.
