AFP.-
Chile, sacudido por protestas sociales y cuya economía se contrajo por la pandemia del coronavirus, pidió al Fondo Monetario Internacional una línea de crédito flexible de unos 23.800 millones de dólares durante dos años, dijo el martes el organismo multilateral.
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, recomendará la aprobación del acuerdo LCF, que según las autoridades chilenas será tratada como financiamiento precautorio, cuando el directorio se reúna para tratar el tema en las próximas semanas, señaló el Fondo en un comunicado.
«El FMI está listo para continuar apoyando a Chile durante estos tiempos difíciles», indicó el texto.
La Línea de Crédito Flexible (LCF) fue creada por el Fondo para ayudar a proteger contra choques externos a los países que tienen marcos de política muy sólidos y una trayectoria de muy buen desempeño económico, otorgándoles acceso a recursos por adelantado sin condiciones posteriores.
El Fondo dijo que hasta ahora la LCF sólo se concedió a Colombia, México y Polonia (que rescindió el acuerdo en 2017), pero ninguno de esos países hizo un giro en el marco de este servicio de crédito.
La economía chilena se contrajo 3,5% en marzo en comparación al mismo mes del año pasado, coincidiendo con el primer caso de COVID-19, que provocó una fuerte caída de los servicios y el comercio.
Pero las restricciones para evitar la propagación del virus no hicieron sino agravar una situación económica ya complicada en el país andino.
Las masivas manifestaciones sociales contra el gobierno de derecha de Sebastián Piñera, que se iniciaron el 18 de octubre pasado, impactaron en el Producto Interior Bruto (PIB) chileno, que cerró 2019 con una expansión de 1,1%, la menor en una década.
Para 2020, las autoridades chilenas estimaron una contracción de hasta 2,5% del PIB anual producto del coronavirus, pero el propio FMI estimó que la caída llegaría al 4,5%.
El Fondo ha advertido que la recesión económica debido a la pandemia podría golpear a países como Chile con «nuevas protestas, particularmente si las acciones políticas para mitigar la crisis COVID-19 se perciben como insuficientes o favorecen injustamente a las grandes corporaciones en lugar de a las personas».
