Para la región SICA se estima que el impacto de la pandemia podría provocar una contracción económica de 2.8%, con diferencias importantes entre los países miembros. Lo anterior impactará de manera directa en los niveles de empleo. En un escenario de una recesión prolongada, se podría alcanzar una pérdida de un 22% de empleos formales, lo que equivaldría a casi 1.7 millones de desempleados. Las primeras aproximaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señalan que alrededor de 8.3 millones de trabajadores en la región se desempeñan en sectores altamente afectados por la pandemia —manufactura, comercio al por mayor y menor, hoteles y restaurantes—; es decir, cerca del 36.7% de población ocupada total. La situación puede verse agravada dependiendo también del impacto y desempeño de la economía estadounidense, todo lo cual, tal como afirma CEPAL, pone en riesgo la integralidad de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos (ODS).
Los Gobiernos de la región SICA enfrentan la pandemia con un espacio fiscal acotado, una proporción importante de la población en condición de pobreza y de alta vulnerabilidad y con una economía con una tasa de informalidad de alrededor del 62% , que vuelve más difícil la protección de las fuentes de empleo e ingresos a través de la seguridad social, lo que obligará al Estado a desarrollar estrategias alternativas de carácter no contributivo para que ninguna persona quede sin ingresos suficientes. Debido a su condición de pobreza y de alta vulnerabilidad, muchos de nuestros hogares en la región carecen de recursos para enfrentar las medidas de distanciamiento y aislamiento social necesarias para contener la propagación de la epidemia, escenario que se ve agravado por la reducción de las remesas.
Ante el actual contexto de fragilidad e incertidumbre generado por la pandemia, que coincide con la conmemoración de los 25 años del área social del Sistema de la Integración Centroamericana, el Consejo de la Integración Social Centroamericana (CIS) —conformado por los Ministerios de Desarrollo Social de Centroamérica y República Dominicana o sus instancias equivalentes— instruyó a la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) a que desarrolle un Plan de Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia que con un horizonte temporal de dos años apoye, desde el ámbito regional, los esfuerzos que cada uno de nuestros países va a realizar en favor de la promesa global de no dejar a nadie atrás.
La pandemia encontró al área social del SICA unida y volcada, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y del Programa de la Unión Europea EUROsociAL+, en la formulación de la Política Social Integral Regional 2020-2040: Integrando mediante la inclusión social (PSIR-SICA), instrumento estratégico para orientar el accionar regional en materia social. La realidad que ahora se vive obliga a revisar el alcance de dicho instrumento para adecuarlo a la realidad en ciernes, así como a desarrollar junto a él, un Plan de Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia que, como un componente especial de la Política, permita dar dirección a las acciones regionales a realizar, en complemento al trabajo que cada uno de los países llevará a cabo de cara a la reconstrucción del tejido social, y que también con el respaldo de Secretaría General del SICA (SG-SICA), sirva para el ejercicio de alineamiento de la cooperación regional en favor de la reconstrucción, especialmente en su dimensión social.
Este Plan que deberá reforzar desde lo regional, procesos que faciliten: El diseño y desarrollo de acciones que acompañen y guíen la vuelta gradual a condiciones de la nueva normalidad mediante la atenuación del distanciamiento social, acciones que permitan compensar y/o revertir los efectos sociales y ocupacionales tanto del anterior congelamiento de las actividades productivas como de las medidas de prevención del contagio que seguirán siendo necesarias para defender la salud de la población, y acciones encaminadas a fortalecer y ampliar los sistemas de salud y de protección social en una perspectiva de mediano plazo. Dichas acciones tendrán al menos tres ámbitos principales de referencia:
• La prestación de servicios de protección social, apoyando el fortalecimiento de los esquemas ya existentes; apuntalando esfuerzos en favor de una mayor cobertura y universalización inclusiva de los servicios, reconociendo también la importancia de los diferentes programas de transferencias monetarias condicionadas, de apoyo a la seguridad alimentaria nutricional y de inclusión productiva y recuperación de medios de vida —estos últimos con especial atención a jóvenes y mujeres—. Dentro de ello deberá promoverse la revitalización de la economía local.
• La empleabilidad y el empleo, apoyando el accionar de los Ministerios de trabajo, de los institutos de formación profesional y de los mecanismos de diálogo tripartito, ello en función de promover la reconversión y recalificación de los trabajadores de los sectores económicos más afectados por la crisis, y los planes que impulsen la recuperación de dichos sectores, y nuevas inversiones. Esto considerando que la dimensión social y la dimensión trabajo son clave en la primera respuesta, pero más aún en una fase de reconstrucción.
• Las vulnerabilidades físicas, económicas y sociales de los habitantes de los asentamientos informales como oportunidad para impulsar procesos de integración social y fomentar una regeneración urbana inclusiva y resiliente, que genera valor agregado a todos los niveles y utiliza el sector construcción como generador de empleo y desarrollo económico en los territorios. Igualmente, se promoverán modelos de acceso a la vivienda adecuada y digna en un sistema integrado de infraestructura, servicios y espacio público de calidad.
Reconstruir la región demandará respuestas múltiples y creativas en materia de políticas públicas para apoyar a los más vulnerables, evitar una crisis económica y fiscal de grandes proporciones y proteger los ingresos y el trabajo. La pandemia acentuará aún más las desigualdades, golpeará desproporcionadamente a los más vulnerables, y pondrá en riesgo la sostenibilidad del financiamiento de los programas que les atienden. Por tanto, la adopción de medidas específicas para garantizar los derechos fundamentales de los más débiles, como lo dijo el Secretario General de la ONU: “es una cuestión básica de solidaridad humana.” La acción estatal a través de la protección social deberá prestar atención prioritaria a grupos en estado de mayor vulnerabilidad: niños, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos originarios y población afrodescendiente, migrantes y refugiados, personas sexualmente diversas, personas viviendo con VIH, entre otros.
