Guatemala | EFE.-
El Registro de Ciudadanos anunció este martes la cancelación del partido oficial de Guatemala, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), por financiación electoral irregular, aunque cabe recurso de apelación.
La entidad electoral, en su fecha del 4 de noviembre, declara «la cancelación de la personalidad jurídica del partido político» FCN-Nación por «la infracción a las normas que regulan el financiamiento de las organizaciones políticas de sus actividades permanentes y de campaña».
Además, ordena al departamento de organizaciones políticas «hacer las anotaciones correspondientes al estar firme la presente resolución», contra la que el partido puede presentar un recurso de apelación durante tres días desde el miércoles.
En caso de presentar esta acción contra este fallo, que también establece la prohibición de usar el nombre y el emblema de la formación política durante 10 años, el recurso se elevará al pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
Al quedar firme, los diputados electos por este partido para la legislatura 2020-2024 (que asumirán el cargo el próximo 14 de enero) quedarán «sin partido».
El pasado junio, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala ordenó comenzar el proceso de cancelación de este partido, que llevó a la Presidencia en 2015 a Jimmy Morales, días después de que un juzgado procesara a cinco grandes empresarios, sindicados de «coordinar, financiar, implementar y ejecutar el mecanismo de aportación anónima de recursos económicos» al partido.
Estos fueron José Fraterno Vila Girón, Salvador Paiz Del Carmen, José Torrebiarte Novela, José Castillo Villacorta y Felipe Bosch Gutiérrez.
Según la investigación, los pagos anónimos de los empresarios, unos 2 millones de dólares, fueron recibidos, administrados y distribuidos a través de la entidad Novaservicios, Sociedad Anónima, y consecuentemente no fueron registrados en la contabilidad del partido político.
Por el mismo caso del partido oficial, además de los cinco grandes empresarios, fueron procesados el pasado 3 de mayo los empresarios Luis Rodrigo Arenas Echeverría y José Andrés Botrán Briz, sindicados de coordinar y ejecutar de manera anónima aportes y pagos al partido en la campaña de 2015.
Además, la ex fiscal general Thelma Aldana pronunció en la última conferencia de prensa previo a dejar el cargo el 16 de mayo pasado que existían «elementos suficientes» para presentar una nueva solicitud de antejuicio (desafuero) al presidente Morales, pero que esa sería tarea de su sucesora, María Consuelo Porras, quien posteriormente dijo que no descartaría el antejuicio «de haber pruebas suficientes».
