Por Jordi MIRO, Con María Eugenia LOGIURATTO en Rio de Janeiro | AFP.-
Brasil prohibió este jueves por dos meses las quemas en campos y forestas para tratar de poner fin a los incendios en la Amazonía, una medida recibida con escepticismo y que muchos atribuyen al desmonte de políticas ambientales del presidente Jair Bolsonaro.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, planteó la posibilidad de organizar una reunión específica sobre la Amazonía, donde «la situación es evidentemente muy grave», al margen de la Asamblea General de la ONU en septiembre.
La cancillería brasileña indicó a la AFP que no había tenido ningún contacto con Guterres sobre el tema. «Por lo tanto, no estamos al tanto de la propuesta», agregó.
«En todo caso, sería importante que las autoridades extranjeras conociesen mejor la política ambiental brasileña y se informasen en particular sobre la situación en la Amazonía y sobre las medidas adoptadas para combatir los incendios, antes de proponer nuevas iniciativas», subrayó el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño.
La polémica internacional se exacerbó después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, planteara acordar un «estatuto internacional» para esta región de 5,5 millones de km2 (dentro de Brasil), esencial para el equilibrio de los regímenes de lluvia y la retención de carbono.
Los países del G7 ofrecieron 20 millones de dólares para los países amazónicos afectados por los incendios, pero Brasil -el mayor de ellos- condicionó la aceptación a que Macron se «retracte» por haber dicho que Bolsonaro «mintió» en sus compromisos de preservación ambiental y haber evocado la concesión de un «estatuto internacional» a la región.
Movilización militar y detenciones
El gobierno brasileño, que ha desplegado más de 3.900 militares y brigadistas, cientos de vehículos y 18 aeronaves, aseguró el miércoles por la noche que los focos de incendio estaban disminuyendo, sin dar números.
Los datos del instituto de observaciones espaciales INPE muestran disminuciones importantes de focos activos en algunos estados y un aumento en otros.
A escala nacional, hubo 1.628 focos nuevos en Brasil entre el martes y el miércoles, totalizando 84.957 desde enero, más de la mitad de ellos (51,8%) en la selva amazónica. Esto representa un aumento del 75% respecto al mismo periodo del año pasado y el mayor número de incendios desde 2010.
Las estadísticas muestran importantes disminuciones de incendios en los últimos días en estados como Rondonia, sin que se sepa si esto se debe a las lluvias, a la intervención de los militares o a ambos factores. Pero también se verifican aumentos importantes en otros, como en el vecino Acre.
La policía detuvo este jueves a un hombre sospechoso de contratar a 50 personas para incendiar unas 20.000 hectáreas en el Área de Protección Ambiental Trunfo do Xingu, en el estado de Pará. Otros dos sospechosos están prófugos.
«Las investigaciones muestran que el grupo ya derribó [árboles] y atizó el fuego en más de 5.000 hectáreas de área deforestada», informó el portal oficial de la Policía Civil de Pará.
El país vive su temporada seca, pero los especialistas afirman que el aumento de los incendios se debe principalmente al incremento de la deforestación impulsada por la industria maderera y las actividades agropecuarias, alentadas por la política de Bolsonaro.
El presidente de extrema derecha tomó medidas desde su llegada que debilitaron a las instituciones a cargo de la vigilancia de la Amazonía y se declaró favorable a las actividades agrícolas y mineras en territorios indígenas y áreas protegidas de la mayor selva tropical del planeta.
La crisis preocupa a empresas exportadoras brasileñas y da argumentos a los adversarios en Europa del reciente acuerdo de libre comercio firmado entre el Mercosur y la Unión Europea.
«Actividades criminales»
En Porto Velho, la capital de Rondonia, uno de los estados más afectados por los incendios, las humaredas disminuyeron en los últimos días, gracias a algunas lluvias, señalaron reporteros de la AFP.
Pero existen dudas sobre la posibilidad de poner fin por decreto a un fenómeno vinculado al «grilagem», como se denomina la práctica de apropiación ilegal de tierras públicas.
El fiscal Daniel Azevedo Lobo, miembro del Ministerio Público Federal en el equipo interdisciplinario formado por el gobierno brasileño para tratar la crisis amazónica, afirma que «en un 70%, la deforestación se debe a la actividad de organizaciones criminales».
«Hay personas engañadas, personas pobres involucradas (…), pero siempre al servicio de otras, que son las que realmente promueven la deforestación y la apropiación ilegal de tierras», sostiene.
«En Rondonia y en toda la Amazonía hay grupos organizados, estructurados, que se dedican al ‘grilagem’ y están conectados con grupos de otros lugares. Muchos son madereros y actúan donde la tierra está siendo ocupada ilegalmente. Donde hay ‘grilagem’ hay aserraderos», detalla.El fiscal apunta que «la deforestación no es de hoy. Hay un historial de ocupación del suelo en la Amazonía, aunque se intensificó últimamente y el discurso de Bolsonaro no ayuda [a frenarlo]».
