Guatemala | EFE.-
Un juez de Guatemala decidió este viernes otorgar arresto domiciliario al empresario español Juan José Suárez, en prisión preventiva desde el año 2016 por su presunta participación en un caso de corrupción en una de las grandes portuarias del país, en el que también está involucrado el expresidente Otto Pérez Molina.
Suárez, a quien el titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez envió a juicio en el año 2018 por los delitos de asociación ilícita y cohecho activo aunque el debate todavía no ha empezado, deberá pagar una fianza de 500.000 quetzales (unos 65.500 dólares) para salir de prisión.
Además, según la resolución del propio Gálvez -que en otras ocasiones le había denegado la libertad bajo fianza-, deberá dejar el pasaporte en el juzgado y comparecer ante el Ministerio Público cada 15 días.
Suárez, que podrá salir de prisión en cuanto pague la fianza, está implicado en la trama de corrupción TCQ por las obras de ampliación de Puerto Quetzal, la mayor portuaria de Guatemala, una red supuestamente liderada por el expresidente Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión preventiva y por la que recibieron un soborno millonario.
Por esta concesión de un contrato irregular entre la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y la Empresa Portuaria Quetzal, el juez también decidió el año pasado enviar a juicio a otras cinco personas.
Según la investigación, entre enero de 2012 y abril de 2015 se creó un «grupo criminal» con roles definidos para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato irregular a favor de la entidad TCQ.
Éste estaba destinado a ceder a esa sociedad parte del terreno de la Empresa Portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores.
Dicha asociación entre los sindicados tuvo la función de interferir en diversos actos dirigidos a la realización de ese proyecto, del cual la organización obtuvo beneficios y dirigió acciones para ocultar y blanquear las millonarias sumas de dinero producto de los sobornos.
Pérez Molina y Baldetti, que aún no se sabe si enfrentarán un juicio, exigían el pago de un soborno de unos 30 millones de dólares para la adjudicación del proyecto, de los que 24,5 millones estaban destinados a los socios locales (entre ellos los dos exfuncionarios), 5 millones a unos socios argentinos y 500.000 dólares para gastos.
La ampliación del puerto, en el departamento sureño de Escuintla, se produjo a través de un usufructo entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), que firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de unas 34 hectáreas.
