Caracas | EFE.-
Un operativo policial para hallar un presunto explosivo evitó este martes la sesión del Parlamento venezolano, de contundente mayoría opositora, en la que el antichavismo pretendía denunciar la persecución de varios de sus miembros, acusados de alentar el alzamiento militar de hace dos semanas.
Más de un centenar de agentes de la policía y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) custodiaron las adyacencias del Palacio Federal Legislativo, donde se instala la Cámara, luego de que circulara en internet una denuncia de un presunto artefacto explosivo dentro de las instalaciones.
«Funcionarios antiexplosivos del Sebin entran al Palacio Federal Legislativo, al parecer un supuesto artefacto explosivo estaría colocado dentro», informó el Parlamento a través de su cuenta en Twitter.
Esta fue la única información que circuló sobre el suceso, que parecía revestir peligro para los diputados, pero cuyo líder, Juan Guaidó -a quien más de 50 Gobiernos reconocen como presidente interino de Venezuela-, desestimó al denunciar un intento de la Administración de Nicolás Maduro de cerrar el Legislativo.
En ese sentido, Guaidó señaló que el Parlamento se instalará mañana incluso en las calles si es necesario, al reafirmar una información que circuló más temprano y que convocaba a los diputados a una nueva sesión para el miércoles.
«Vamos a sesionar, vamos a insistir en llegar al Palacio Federal (Legislativo) y si tenemos que sesionar (…) en la calle lo haremos, pero el Palacio Federal le corresponde al Parlamento, al pueblo de Venezuela y no vamos a renunciar a él», afirmó en una rueda de prensa en Caracas.
En su opinión, la decisión la tomó Maduro porque «el régimen, la dictadura» se ve «sola, sin respaldo popular» ni internacional, mientras que el mundo debate temas como la guerra civil de Siria, la desnuclearización y Venezuela, una muestra de «la complejidad y gravedad de asuntos que hoy sufre» el país caribeño.
Por todo ello, reiteró que el gobierno de Maduro «tendrá la fuerza bruta pero no convence, no enamora ya a nadie».
«Solo le queda entonces perseguir, hostigar, levantar inmunidades (a diputados), hacer señalamientos que van a seguir haciendo: es el camino que decidió el régimen», apostilló.
Asimismo, elevó «ante el mundo» la denuncia de «que están tratando de cerrar por la vía de los hechos el parlamento nacional, única instancia legítima reconocida» por la comunidad internacional, aseveró.
«Incluso países como Grecia e Italia que piden por una salida a la crisis reconocen solamente al Parlamento nacional como institución legítima en Venezuela», comentó Guaidó.
Finalmente, envió un mensaje a los militares a quienes dijo que «el camino de la dictadura» es el «de la persecución, el del desastre».
Con todo, la amenaza de explosivos no impidió que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un foro integrado por más de 500 afectos al chavismo y que no reconoce buena parte de la comunidad internacional, se instalara este mismo martes para levantar el fuero a otros 5 parlamentarios por el alzamiento militar del 30 de abril pasado.
La decisión de la ANC recayó sobre los diputados Freddy Superlano, Sergio Vergara y Juan Andrés Mejía, y se tomó luego del pedido que hiciera al foro chavista el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado día 8.
También sobre los legisladores Carlos Paparoni y Miguel Pizarro, dos de los cuatro opositores a los que el mismo TSJ pidió esta jornada revisar el fuero para que continúe sin problemas un proceso legal iniciado por la Fiscalía, según dijo el jefe de la ANC, Diosdado Cabello.
Los otros dos diputados señalados por el TSJ, Franco Casela y Winston Flores, no ejercen como titulares de curules y carecen de inmunidad, explicó Cabello.
La semana pasada el órgano también despojó de sus fueros a otros 7 parlamentarios opositores.
Al levantar la inmunidad de los 14 legisladores señalados por el alzamiento, la ANC se ha atribuido competencias exclusivas del Parlamento, lo que hace desde que se instaló ese órgano en 2017.
Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó proclamó un Gobierno interino que cuenta con el respaldo de más de 50 países, con Estados Unidos a la cabeza.
