Guatemala | EFE.-
Amnistía Internacional aseguró este martes que la iniciativa de reforma a la Ley de Reconciliación Nacional que pretende establecer una amnistía en los casos del conflicto armado interno sucedido entre 1960 y 1996 en Guatemala amenaza «seriamente» los derechos humanos.
Esta iniciativa, explicó la directora para las Américas de esta organización, Erika Guevara-Rosas, pone en riesgo «los avances de la última década en la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de violaciones de derechos humanos en Guatemala».
«Estos avances han sido posibles gracias a los esfuerzos valientes e incansables de las víctimas, sus representantes legales, fiscales y de las personas y organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos», proclamó.
La instancia de jefes de bloque del Organismo Legislativo de este lunes acordó, por mayoría, establecer en la agenda del pleno el próximo miércoles, en la tercera sesión ordinaria de la semana, la segunda lectura de la enmienda que borraría todo proceso penal en contra de los criminales de la guerra, que dejó en el país centroamericano 200.000 víctimas y 45.000 desaparecidos.
La enmienda estaría a una lectura más de ser aprobada por los congresistas, además de la redacción final por artículos, aunque necesita que dos terceras partes del Legislativo avale la medida que propuso el conservador Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional.
Este proyecto, el número 5377, concede una amnistía a los acusados de crímenes graves cometidos durante el conflicto armado interno del país -como el genocidio, la tortura y las desapariciones forzadas- en «violación» de las obligaciones internacionales de Guatemala de no dejar que tales actos queden impunes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales de derechos humanos, recordó la organización, han reiterado que las amnistías por crímenes de derecho internacional o violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con las obligaciones de los Estados de investigar, procesar y sancionar a los responsables de estos crímenes.
A pesar de los avances realizados, Amnistía Internacional asegura que hasta la fecha miles de víctimas siguen esperando justicia en Guatemala, pero advierte que si la iniciativa es aprobada «investigaciones en curso sobre estos crímenes serían suspendidas y los condenados por los tribunales de Guatemala durante la última década serían liberados dentro de las 24 horas».
«Representa una seria amenaza para los derechos de miles de víctimas del conflicto armado interno del país para conocer la verdad y obtener justicia para las atrocidades que ellos y sus familias sufrieron», proclamó Guevara-Rosas.
Además, cuestiona también la ley de 5257, que se discutirá en tercer debate, por artículos y redacción final, y que propone una modificación a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo.
Esta, arguyó, constituye una amenaza a los derechos a la libertad de expresión y asociación en Guatemala al imponer «controles excesivos y onerosos requisitos para el registro y funcionamiento de las ONG en el país».
Además, a su juicio supondría conceder «amplios poderes» para el Gobierno respecto a la suspensión permanente de las actividades de una ONG por razones tales como «alteración del orden público», un término «ambiguo» cuya interpretación podría llevar al cierre arbitrario de organizaciones de la sociedad civil o su penalización.
«En el contexto de repetidos actos de estigmatización, campañas de difamación y otros ataques constantes por parte de actores privados y las autoridades de Guatemala contra organizaciones y defensores de los derechos humanos, (…) parece ser otro intento de obstaculizar la labor de los que trabajan por la justicia y los derechos humanos», dijo.
Teniendo en cuenta este contexto, la directiva pidió al Congreso que en lugar de aprobar leyes que supondrían «retrocesos en la lucha por la Justicia y los derechos humanos» se dedique a «garantizar» los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos y garantizar un «ambiente seguro» para los activistas.
