Bogotá | EFE.-
El aborto forzado y la utilización obligatoria de anticonceptivos fue una práctica «sistemática y generalizada» en las FARC de la que niñas y mujeres fueron víctimas durante el conflicto armado, dijo este lunes a Efe Mariana Ardila, abogada de la dirección legal de la organización internacional Women’s Link Worldwide.
En un informe que la entidad presentó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto, se describieron las violaciones a los derechos reproductivos en las FARC y se determinaron que «entre esas prácticas hubo anticoncepción obligatoria y abortos forzados a los que estaban sujetas por la exguerrilla», explicó Ardila.
Según la abogada, estos hechos eran «una práctica sistemática y generalizada», ya que «hacía parte de las necesidades militares de esa organización», que firmó un acuerdo de paz en 2016 con el Gobierno colombiano.
A la hora de hacer el análisis, Women’s Link Worldwide revisó 11 informes de la Fiscalía General de la Nación y el Centro Nacional de Memoria Histórica.
También tuvo en cuenta 10 fallos judiciales de cortes nacionales y cuatro de cortes internacionales, entre otros documentos, y escuchó el testimonio de Helena, una víctima de reclutamiento ilícito por parte de las FARC cuando tenía 14 años, así como de anticoncepción y aborto forzados.
«Un día, como a las 6 o 7 de la noche, llegaron dos señores de la guerrilla. Yo estaba sola con mis hermanos y me llevaron a la fuerza porque si uno oponía resistencia ya sabía lo que le podía pasar», relató la joven sobre el día en el que fue reclutada siendo menor de edad.
En la grabación, que hace parte del informe y con la que Helena terminó 11 años de silencio, la testigo manifestó que en las FARC a las mujeres las obligaban a planificar con una inyección, aunque a veces, por cuestiones propias del conflicto armado, no tenían acceso a los métodos anticonceptivos necesarios.
«Cuando quedé embarazada mantenía muy enferma. A lo último, el comandante de la guerrilla con el que andaba me dijo que me hiciera una prueba y salió positiva. Lo primero que se me vino a la cabeza era que me iban a hacer abortar», relató Helena.
De acuerdo con la joven, el aborto era una práctica común en las filas insurgentes.
De hecho, en 2016 la Fiscalía colombiana documentó 232 casos de menores de edad reclutadas por las FARC que sufrieron violencia sexual.
Además, estableció que de esos casos el aborto forzado tuvo una prevalencia del 14 %.
Por lo anterior, las autoridades estiman que el promedio de abortos en las FARC fue de 1.000 al año.
En su relato Helena comentó que le «aplicaron medicamentos» y le hicieron «tomar pastillas».
Sin embargo, el médico de la guerrilla al ver que la mujer no perdía el bebé ordenó hacerle una cesárea.
«Era una tristeza grande. Cuando me desperté no podía ni mover los brazos. Era como si me hubieran dado una golpiza. El dolor de haber perdido a mi bebé y el dolor porque el maltrato fue mucho. Algunos compañeros me contaron que me habían tenido que amarrar porque no me dejaba», sostuvo.
Tras entregar el informe, la abogada Ardila consideró que lo que se espera es que «la JEP haga justicia en estos casos porque las violaciones a los derechos reproductivos constituyeron en el país un crimen de guerra y una grave violación de derechos humanos que no se puede ni amnistiar ni quedar en la impunidad».
A le fecha, en Colombia existen tres sanciones relacionadas con violaciones a los derechos reproductivos en los grupos armados ilegales, pero ninguna contra las FARC.
La investigación de Women’s Link Worldwide estableció que estas conductas fueron impuestas explícitamente desde la Octava Conferencia Nacional de Guerrilleros, que tuvo lugar en 1993, e implementadas por todos los niveles jerárquicos bajo la vigilancia del Secretariado, máxima estructura de las FARC.
Estas prácticas «servían a los objetivos políticos y militares del grupo armado pues el ejercicio activo en la tropa de las mujeres combatientes y niñas reclutadas ilícitamente resultaba incompatible con la gestación y el ejercicio de la maternidad», complementó la organización.
Actualmente y a pesar de que muchas de las víctimas hicieron parte del proceso de desmovilización de las FARC, las afectaciones a la salud mental persisten e incluyen riesgos de suicidio, traumas y depresión.
La acción más representativa por parte de la Justicia colombiana para castigar a los responsables de los abortos se llevó a cabo el 22 de junio de 2017, cuando la Fiscalía llamó a juicio a Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, conocido como «el enfermero de las FARC».
En esa oportunidad, el ente judicial dijo tener «pruebas suficientes» para demostrar la participación de Arboleda en abortos que involucraron a menores de edad de la exguerrilla.
Dichos crímenes, que tuvieron lugar entre 1998 y 2004 en los departamentos de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó, han sido considerados de lesa humanidad por la Fiscalía.
Arboleda, que fue extraditado a Colombia el 9 de marzo de 2017 desde España, también habría realizado abortos en otras guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), según testimonios de víctimas de esos grupos armados que lo reconocieron como autor de tales delitos.
