Guatemala | EFE.-
El juez cuarto de Primera Instancia Penal de Guatemala, Pedro Rodolfo Laynez, envió este martes a juicio a dos funcionaros, dos policías y una exempleada pública por sus supuestas responsabilidades en la muerte en 2017 de 41 niñas y lesiones a otras 15 que eran custodiadas en un hogar estatal.
En su audiencia de resolución de la etapa intermedia por el caso del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción el 8 de marzo de 2017, el juez decidió enviar a juicio al actual procurador de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación, Harold Augusto Flores Valenzuela, así como a la jefa de la Unidad de Atención a Víctimas de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Gloria Patricia Castro Gutiérrez.
También serán enjuiciados la expsicóloga del Hogar Seguro, Brenda Julissa Chamam Pacay; el subcomisario de la Policía Nacional Civil, Luis Armando Pérez Borja; además de la subinspectora policial Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo.
El Ministerio Público (Fiscalía) y los querellantes deberán probar durante el debate -aún sin fecha establecida- los delitos por los que acusan a los cuatro servidores públicos y a la exfuncionaria.
Flores está acusado de los delitos de maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes, homicidio culposo y lesiones leves.
En tanto Castro, quien cuando sucedió el incendio que acabó con la vida a 41 niñas y dejó heridas a otras 15 era la defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, es señalada del delito de incumplimiento de deberes.
Asimismo, la Fiscalía acusa a Chamán de maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes, homicidio culposo y lesiones culposas; y al subcomisario y la subinspectora de la Policía de supuestamente haber cometido maltrato contra personas menores de edad y abuso de autoridad y maltrato contra menores, homicidio culposo y lesiones culposas, respectivamente.
El juez fijó la audiencia de ofrecimiento de pruebas -para el futuro juicio- el próximo 11 de marzo a las 09.00 hora local (15.00 GMT), tres días después del segundo aniversario del incendio que arrebató la vida de las 41 menores en poder del Estado guatemalteco y dejó 15 heridas.
Estas 56 niñas fueron encerradas bajo llave en un aula de unos 46 metros cuadrados donde originaron un incendio en la mañana para que las autoridades y policías, que las habían metido allí, les permitieran salir al baño luego de estar toda la noche prisioneras.
Sin embargo, la Fiscalía asegura que la subinspectora de la Policía, Lucinda Marroquín, mantuvo la llave del candado de la puerta en el cinturón durante 9 minutos sin abrir, mientras el fuego y el humo causaban la muerte y herían a las menores.
El día anterior, el 7 de marzo de 2017, un grupo de adolescentes (56 niñas y 43 niños) había intentado escapar del Hogar Seguro para denunciar violaciones a sus derechos, pero fueron recapturados y concentrados frente al portón del centro de acogida, que se encuentra a 22 kilómetros de la capital, en el municipio metropolitano de San José Pinula.
Por este caso también está programado el inicio de juicio el próximo 27 de mayo contra el extitular de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (Carlos Rodas), el exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción (Santos Torres) y la exsubsecretaria de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia (Anahí Keller).
Rodas, Torres y Keller están acusados de los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas, maltrato contra personas menores de edad, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
